La Policía Municipal de Madrid denunció a la autocaravana fletada ayer por Hazte Oír pero no pudo inmovilizarla puesto que la organización ha sorteado la prohibición judicial añadiendo a los mensajes «Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva» unos signos de interrogación.

Después de que el jueves el juzgado de Instrucción número 42 de Madrid prohibiera la circulación de su autobús porque su eslogan puede denigrar a los menores transexuales, la organización ultracatólica sacó a las calles este nuevo vehículo que partió de una aparcamiento ubicado en la carretera A-1 Madrid-Burgos.

Al filo de las dos de la tarde, cuando llegaba a las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, donde se ubica el Ayuntamiento de Madrid, los agentes pararon la autocaravana y denunciaron a los promotores por incumplir la ordenanza municipal que veta la publicidad en cualquier tipo de vehículo o remolque en circulación o estacionado, excepto en los destinados al transporte público. Sin embargo, tuvo que permitir que continuara su camino porque la orden judicial no es válida al haber cambiado el mensaje por «¿Los niños tienen pene? ¿Las niñas tienen vulva?».

Paralelamente, la asociación ha interpuesto un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del juez para que anule la medida cautelar de prohibición de circulación y levante igualmente la inmovilización acordada «sin necesidad de que se retire mensaje alguno del mismo». Según argumenta Hazte Oír, su única intención con la campaña emprendida fue «sensibilizar» sobre la «imposición educativa» de muchas comunidades autónomas con sus leyes de igualdad y no discriminación, sin que los lemas exhibidos supongan una afirmación a favor ni en contra de la identidad sexual.

Pese a las críticas generalizadas y a las voces que han reclamado que deje de ser una asociación de utilidad pública, calificación que le otorgó en el 2013 el Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz, la organización seguirá teniendo esta condición hasta que sea la Justicia quien diga lo contrario.

«Esta cuestión es competencia del Ministerio de Interior y, como estamos en un Estado de derecho, si hay una resolución judicial en ese sentido, el Ministerio de Interior procederá, pero hay que esperar a que exista una resolución judicial», explicó el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros.