Fiscales y jueces se enfrentan a una carrera contra reloj para revisar las alrededor de 650.000 causas abiertas en España en seis meses en cumplimiento de la reforma procesal penal, bajo la amenaza de tener que archivarlas o verse forzados a abrir juicio sin suficientes pruebas. Las asociaciones de jueces y fiscales coinciden en que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que limita las instrucciones a seis meses para causas sencillas y a 18 para complejas, les ha puesto en un difícil brete, el de revisar cientos de miles de causas en un tiempo récord, hasta el 5 de junio del 2016, y prácticamente con los mismos recursos humanos y materiales.

“Es una falta de realismo increíble”, resume Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que habla en boca del colectivo que sufre en primer lugar las consecuencias de la reforma. Y es que los fiscales son los que deben ahora revisar una a una todas las causas en fase de investigación, una labor para la que han contado con un refuerzo de tan solo 87 personas, por lo que prevén que tendrán que echarle muchas horas extras sin dejar de lado las nuevas causas.

“Son 87 personas más para acabar con el atasco de la Justicia en España”, critica García, y recuerda la circular que envió hace unos días la Fiscalía General -que tuvo que anular ante las protestas-, en la que pedía a cada fiscal revisar 25 causas a la semana, cuando 25 calificaciones (escritos de acusación) es lo que hace un fiscal por mes, afirma. Para García, con esta ley “inaplicable”, se producirán dos problemas: el de las causas “incontroladas” y los propios plazos de instrucción cerrados y poco realistas.

Los jueces serán los siguientes afectados. Cuando informe el fiscal de cada caso -explicando si es simple o complejo, si se necesitan más diligencias o si debe ser archivado o mandarse a juicio-, ellos deberán decidir qué hacer con la causa. Manuel Almenar, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, reconoce que supondrá más carga de trabajo, pero cree que no quedarán causas impunes porque los jueces harán los esfuerzos necesarios para que no ocurra “a costa de tiempo libre”. Almenar opina que esta reforma se tenía que haber hecho contando con ellos. H