Cerca de 40 familias españolas --entre ellas dos parejas de Castellón-- están atrapadas a día de hoy en Ucrania con sus bebés nacidos en este país por gestación subrogada --práctica ilegal en España-- por la negativa de las autoridades consulares de España a tramitar la inscripción en el registro civil de los recién nacidos.

Según denunció el presidente de la asociación Son Nuestros Hijos --principal colectivo de gestación subrogada en España--, Marcos Jornet, esta negativa del Consulado de España en Kiev podría llegar a afectar a «cientos» de familias que se encuentran en estos momentos inmersas en un proceso de estas características.

Hasta hace algo más de un mes, las familias españolas que acudían a Ucrania para tener hijos mediante un vientre de alquiler solo debían demostrar la filiación del padre, que es el que aporta la carga genética, para obtener el pasaporte español provisional y poder registrar al niño como hijo de una relación extramatrimonial ante el Gobierno. Después, la madre realizaba un proceso de coadopción en España.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Sin embargo, el procedimiento se ha visto interrumpido para una veintena de familias debido a que el consulado «ha cambiado las reglas de juego a mitad de partida», afirmó Jornet. El consulado niega desde el pasado 5 de julio la inscripción de los bebés alegando que la nueva ley de protección de datos de la Unión Europea (UE) impide la prueba de ADN a los niños para demostrar la filiación paterna, con lo que se impide la inscripción en el registro.

En diciembre pasado, España ya desaconsejó formalmente a las parejas que buscan tener un hijo por gestación subrogada viajar con este propósito a Ucrania, uno de los pocos países de Europa donde este método reproductivo está regulado por ley y permitido para extranjeros.

En un comunicado, la embajada advirtió de que no podía asegurar que el trato que se les daba a las «madres gestantes» sea bueno y que en los últimos meses se habían producido «diversas estafas y engaños» por parte de clínicas ucranianas, además de mala praxis médica, como abortos inducidos o deficiente control médico de los embarazos.