No es más que un dato aséptico, pero sirve para ilustrar la penetración de los analgésicos opioides en la sanidad estadounidense. Solo en el 2015, se vendieron más de 326 millones de pastillas en Oklahoma, un estado de cuatro millones de habitantes, el equivalente a 110 pastillas para cada uno de sus adultos. Los costes de ese tsunami de narcóticos, que ha dejado un reguero de adicción y muerte en todo el país, habían recaído hasta ahora casi exclusivamente en los pacientes y los municipios más golpeados por la epidemia. Un desequilibrio que está empezando a cambiar. Un juez de Oklahoma ha impuesto a Johnson & Johnson una multa de 574 millones de dólares (unos 515 millones de euros) por propulsar la crisis de los opioides en el estado.
En la sentencia, el magistrado Thad Balkman esgrime que la multinacional estadounidense y sus subsidiarias se dedicaron a minimizar con agresivas campañas promocionales los riesgos de adicción de los opioides al tiempo que alertaban de la prevalencia del dolor no tratado. La compañía inundó el estado de visitadores médicos recompensados con jugosos incentivos para convencer a los médicos de que era necesario aumentar la prescripción para solucionar el problema. Y dio prioridad a los profesionales más tendentes a recetarlos, untándolos a menudo con pequeños regalos y prebendas.
