El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó hoy a España por permitir que las autoridades judiciales rechazaran dar copias de los documentos que necesitaba el preso Vicente Manuel Cano Moya para formalizar una demanda ante la Corte europea.

El artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza que los Estados "se comprometen a no poner traba alguna" cuando se ejerce el derecho de presentar una demanda individual ante el Tribunal de Estrasburgo.

El demandante (Villahermosa, Ciudad Real, 1972) cumplía condena en la prisión alicantina de Foncalent cuando fue declarado culpable de una falta disciplinaria por la que fue castigado a varios días de aislamiento y sin actividades recreativas.

Tras apelar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº2 de la Comunidad Valenciana, el juez falló parcialmente a su favor. Pero Cano Moya continuó apelando hasta recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

Trasladado a la prisión de Villena, el demandante recibió las decisiones y autos de octubre y noviembre de 2009, febrero y septiembre de 2010.

Al decidir recurrir al Tribunal de Estrasburgo, Cano Moya pidió sin éxito desde la prisión de Zuera (Zaragoza) una copia de su expediente para presentarla con su demanda.

El 26 de enero de 2011 el juez de vigilancia penitenciaria rechazó facilitar la mencionada copia porque su caso "estaba todavía pendiente ante el Tribunal Constitucional", cuando la decisión del Alto Tribunal ya se había adoptado cuatro meses antes.

La sentencia, que inadmite la alegación del demandante sobre su derecho a la presunción de inocencia, concluye que el rechazo a la solicitud del preso "equivalió a obstaculizar el ejercicio de su derecho a una demanda individual".

Así, el fallo sostiene que las normas internas garantizaban al demandante el derecho a obtener copia de los documentos, si bien el juez de vigilancia penitenciaria lo denegó "sin dar ninguna razón".

El fallo de Estrasburgo contó con el voto contrario del juez ruso Dmitry Dedov, quien considera que hubo "un malentendido entre el juez de vigilancia penitenciaria y el demandante más que cualquier arbitrariedad y abuso de poder".