La Junta de Andalucía ha abierto un procedimiento sancionador por una infracción «muy grave» en materia de seguridad minera al propietario de la finca de Totalán (Málaga) y a la empresa de perforación del pozo en el que murió el pequeño Julen el pasado enero.
La administración andaluza atribuye tanto al propietario de la finca, David Serrano Alcaide, como a la empresa que perforó el pozo la realización de una actividad regulada en la Ley de Minas. Según el expediente abierto, la actividad se realizó «sin dirección facultativa» y con la «omisión de la aportación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas» y sin el proyecto correspondiente. En este caso ha concurrido, según se desprende el expediente de la administración andaluza, «riesgo muy grave» para las personas «con resultado de muerte», lo que conllevaría una sanción de entre 300.000 y un millón de euros.
