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El virus en España

Las familias que solicitan ayuda se disparan en un mes de confinamiento

El ministro, que cierra la polémica, confirma que comenzará en mayo. Entidades y economistas claman por la llegada del ingreso mínimo vital

 

Personas sin hogar reciben alimentos de la comunidad de San Egidio, ayer, en Madrid - Carlos Álvarez / Getty Images

E. COLELL // G. UBIETO
17/04/2020

Mientras en el Gobierno se debate, interna y públicamente, sobre cuándo y cómo pondrá en marcha el nuevo ingreso mínimo vital, las entidades sociales le piden «extrema urgencia» y «rapidez» ante los estragos que está causando la actual crisis del coronavirus en los colectivos más vulnerables.

El Gobierno confirmó ayer que pondrá en marcha en mayo su ingreso mínimo vital, del que se beneficiarán más de un millón de hogares. Si bien el ministro Escrivá afirmó ayer haberse enterado por la prensa del avance efectuado por Iglesias, Moncloa enterró la polémica. «Los equipos de la vicepresidencia de Derechos Sociales y del Ministerio de Inclusión están trabajando para poner en marcha dicho subsidio», confirmaron fuentes del Gobierno.

Pero las entidades sociales claman por el subsidio, con las cifras en la mano. Casi cinco millones de hogares, según los baremos del Eurostat del 2018, vivían en España en la exclusión social antes del pandemia está escalando a marchas forzadas. El tercer sector y los sindicatos piden al Gobierno que proteja y asegure los ingresos de los más vulnerables para evitar así un brote de desigualdad una vez superada la actual fase de emergencia. «Estas familias no pueden esperar. Y esta vez no se puede rescatar a los bancos, hay que salvar a las personas», insiste el presidente de la Plataforma del Tercer Sector Social, Luciano Poyato.

«En la anterior crisis tardamos más de un año en ver caras nuevas pidiendo comida en la entidad. Ahora no llevamos ni un mes de confinamiento y ya estamos viendo gente que no era habitual», explica Guillermo Fernández, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas Española. Una afirmación que comparten la mayoría de entidades sociales, pues la diferencia entre la recesión económica del 2008 y la crisis del coronavirus del 2020 es que las familias, esta vez, ya no tienen ahorros. Perder el trabajo, de lo que sea, significa quedarse sin nada. «Hace 10 años las familias tenían un colchón económico del que tirar los primeros meses, ahora esté colchón está deshilachado, por esto es tan necesario aplicar ya la renta. Si no tendremos un problema», sostiene el presidente de la Red Europea Contra la Pobreza (EAPN) en España, Carlos Usie. «Si tenemos que esperar varios meses, cuando salgamos del confinamiento nos encontraremos una sociedad dividida, polarizada y mucho más desigual. Hay que atajarlo cuanto antes, el Estado tiene que poner todos sus esfuerzos ahora», añade al respecto Poyato.

PETICIÓN ANTIGUA / El coronavirus ha extremado la necesidad, pero hace ya 15 años que las entidades sociales insisten en una renta mínima para España. Para las oenegés, es esencial acabar con la «desigualdad» del sistema de ayudas autonómicas. La renta mínima en Euskadi varia de 700 euros a mil euros al mes por hogar, y proteje a 32 de cada mil hogares vascos. En Andalucía, en cambio, cada hogar percibe entre 400 o 800 euros mensuales, pero este fondo solo llega a dos de cada mil familias. «En función de donde vivas, la administración te va a arropar o no, por esto es necesario garantizar al menos un ingreso mínimo vital, que luego las autonomías puedan suplir o implementar», insiste Usie.

El Gobierno busca asistir a dicha urgencia con el que será el primer proyecto de renta mínima a nivel estatal. «Somos un caso único en la Unión Europea», explica el catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla y autor de La Renta básica. Sí ha habido proyectos previos que no han llegado a ver la luz. Uno de los últimos lo elaboró el actual ministro de inclusión, Escrivá, cuando era presidente de la Airef. Dicha propuesta estaba enfocada en reducir las tasas de pobreza severa, es decir, aquellas personas con unos ingresos del 30% del ingreso mediano. Y estimaba que con una inversión de entre 3.500 y 5.500 millones de euros podría sacar a 1,8 millones de hogares de la pobreza severa.

En el 2017, CCOO y UGT llevaron al Congreso de los Diputados su propia propuesta de prestación de ingresos mínimos. Pretendía llegar a 1,9 millones de personas, todas aquellas que tuvieran un ingreso menor al 75% del salario mínimo. Planteaban hacerlo mediante un pago de 430 euros mensuales y estimaba un coste de 9.931 millones de euros.

Los pocos detalles que han trascendido del ingreso que diseñan desde el Ministerio de Escrivá guardan más similitudes con el modelo de la Airef que con el de los sindicatos. Esta tomará como unidad la familia. También se desconoce la cuantía exacta y si será compatible con el trabajo, algo que los economistas ven imprescindible.