Esto parece una escena de película policíaca. Y lo es, pero también es real. La narración es de María Teresa López Dafonte. «El 8 de noviembre recibí una llamada de mi hijo desde Ourense. Me dijo: No te asustes pero al salir de casa me estaban esperando tres policías vestidos de paisano. Me han parado, me han preguntado si tenía el móvil para requisármelo y me han entregado una citación. Tengo que ir a la Audiencia Nacional el 17 de noviembre».

Su hijo se llama Saúl Jorge López y forma parte del colectivo de raperos La Insurgencia, donde utiliza el alias Shahid. «Lo debían tener vigilado porque él está censado en Vigo y a mi casa no vinieron a preguntar», explica su madre, directora de un instituto de educación secundaria. «Me esperaron en el portal, me siguieron 50 metros, me sacaron la placa y me llevaron a un coche de la secreta a pedirme el DNI y darme la citación», corrobora Saúl. Al volver de la universidad supo que a los 13 miembros del colectivo les había pasado lo mismo. «A todos menos a Siker, de Ibiza, que es menor de edad», especifica.

El 17 de noviembre se presentaron en Madrid. No declararon nada por consejo de su abogado, pero aprovecharon para verse las caras, ya que hasta ese día muchos sólo se conocían por Facebook. Solo comparten canal de Youtube y la voluntad de «fomentar el internacionalismo, difundir y expandir la cultura revolucionaria, y elevar el nivel de conciencia de las masas trabajadoras». Ahora también comparten causa penal. «Yo estoy alucinando», dice la madre de Shahid. Su hijo, no tanto: «Soy consciente de donde vivo y sé que si cantas ciertas cosas te acaban jodiendo», responde desde el móvil de su novia.

El rap se está convirtiendo en un filón para la Fiscalía del Estado a la hora de aplicar la ley Mordaza. Empiezan a acumularse expedientes de raperos en la Audiencia Nacional. Pablo Hasél, Valtonyk y Ayax y Prok son los más conocidos de esta joven hornada, pero no los únicos: Cíniko, Volk GZ y Adam Molotov también tienen sus contenciosos pendientes con la justicia. Y luego está el veterano César Strawberry, recién condenado a un año de cárcel por el Tribunal Supremo.

¿A LA CÁRCEL O NO? // Con La Insurgencia la presión contra el rap salta a un nuevo nivel, ya que se les acusa de asociación ilícita y eso puede implicar penas mayores de cárcel. El sumario aún no se ha hecho público, así que habría que bucear en sus decenas de letras, cuál es constitutiva de delito. ¿Será No votes, ¡lucha!, Se llama autodefensa o Descarga la metralla? «Aquí el debate no es si estás de acuerdo con las letras o no. El debate es: ¿estás de acuerdo con que se encarcele a alguien por decir algo o no?», finta Shahid. Su madre discrepa de algunas cosas que rapea su hijo. «Cuando me dice que esto no es una democracia, siempre se lo discuto. Pero ahora ya no sé qué decirle. En muchas cosas tengo que acabar dándole la razón», lamenta.

El rap es la música más conectada con la calle, la más sensible al devenir del barrio. Su discurso es más crítico y su lenguaje, más brusco. «Hay una nueva generación que hablan de organizarse, de solidaridad. No es solo soltar frases brutas. Se trata de explicar que hay un problema y proponer soluciones», apunta Shahid. Sus canciones apenas rebasan el millar de visitas en Youtube y hasta ahora solo actuaban una vez cada tres meses. El que no trabaja en una cadena de comida basura está en el paro o estudia, pero ya están organizando la Gira por la Libertad de Expresión y les han salido ocho fechas en pocas semanas.