El Gobierno ha respondido a la ola de indignación generada por la sentencia de la Manada abriendo la puerta a una reforma del Código Penal. El ministro de Justicia, Rafael Català, ha movilizado a su departamento para valorar si la tipificación de los delitos sexuales, que data de 1995, de la época de Felipe González, «está convenientemente reflejada o es preciso actualizarla», mientras la Fiscalía de Navarra ha anunciado su intención de recurrir el veredicto. Sigue considerando que los hechos son constitutivos de agresión sexual y no de abusos.

Será la sección penal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia la que emitirá un primer dictamen tras el cual el Ejecutivo decidirá que camino emprender, aunque que todo parece indicar que la balanza se inclinará del lado de la reforma. «El Gobierno siempre ha estado, está y va a estar con las víctimas», dijo el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, al referirse a la «deleznable», según su expresión, agresión sexual protagonizada por los condenados.

«Quizá haya que empezar a pensar en cambiar las calificaciones de los tipos», señaló la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal. Pese a que los conservadores suelen guardar la formas con los tribunales, la dirigente popular ha reconocido sin ambajes que la sentencia no le gustado. El fallo «es condenable, humanamente, de todo punto de vista», ha dicho, para incidir en que los hechos probados describen «una salvajada en la que ninguna mujer está a gusto» y en la que «no se puede decir que una mujer no se sienta intimidada. A mi, que la sentencia les imponga 9 años me parece poco, me gustaría que fueran más», añadió.

COLABORACIÓN // Si el Gobierno decide seguir adelante no será muy difícil que encuentre la colaboración de la oposición. El PSOE se ha mostrado dispuesto a retocar la ley, aunque ha advertido de que habría que hacerlo con «calma». «Quizás lo que haya que hacer es modificar ese Código Penal para dejar muy claro cuáles son los supuestos de violación y que no quede a la interpretación de los jueces, que no tienen formación ni en violencia de género ni en violencia sexual», explicó la vicesecretaria general socialista, Adriana Lastra.

Los socialistas también son partidarios de cambiar otra ley, la del poder judicial, para que los profesionales que trabajan en la justicia tenga una «efectiva formación y especialización» en violencia machista.

Podemos anuncia que prepara ya su propia propuesta de reforma para que las víctimas «no tengan que acreditar su falta de consentimiento en delitos sexuales». Los morados aclararon que no se trata de aumentar las penas, sino de clarificar los tipos penales.

Ciudadanos, que dejó pasar muchas horas hasta que valoró al sentencia, se ha descolgado con la presentación de una proposición no de ley en el Congreso en la que insta a revisar toda la normativa en materia de prevención y lucha contra la violencia machista en todos los ámbitos.

En coherencia con su escrito de calificación final emitido tras la vista oral, la Fiscalía de Navarra anuncia que recurrirá la sentencia. El Ministerio Público ha decidido recurrir en apelación por «infracción de ley» ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) al mantener su consideración inicial de que «los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y no solo de abuso sexual», según explica en una nota.

Habrá que comprobar la composición de la sala y a qué magistrado se le encarga la ponencia. Si dependiera de la voluntad de la presidenta del TSNJ, Esther Erice, es muy probable que el recurso fuera estimado.

Los abogados de los condenados ya anunciaron el mismo jueves, tras el fallo, que van a presentar recurso, al igual que la víctima y las acusaciones populares, tanto el Gobierno foral como el Ayuntamiento de Pamplona.