El Gobierno aprobó ayer la revisión de los planes hidrológicos para 2016-2021, una normativa que, según la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha contado con un consenso “amplísimo” aunque ha suscitado protestas en varias autonomías.
España cuenta con 25 demarcaciones hidrológicas, de las cuales 12 son de competencia nacional --al ser su ámbito de influencia de más de una comunidad autónoma-- y 13, autonómica --al circunscribirse a una única región--.
Lo que el Consejo de Ministros ha certificado, a través de dos reales decretos, es la revisión de todos los planes hidrológicos bajo su control (Cantábrico occidental y el oriental, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro, Guadalquivir, Miño-Sil, Segura, Júcar, Ceuta y Melilla) y cuatro bajo control autonómico (Galicia costa, Cuencas Mediterráneas andaluzas, Guadalete-Barbate y ríos Tinto, Odiel y Piedras). En el caso de los primeros, se incluyen más de 10.000 medidas que se aplicarán gracias a una inversión de 15.000 millones, mientras que los segundos dispondrán de otros 2.500 millones.
En Cataluña, la Plataforma en Defensa del Ebro recurrirá ante el Tribunal Supremo primero y ante la Comisión Europea después el plan del Ebro ya que, según su portavoz Susanna Abella, “nace muerto, exactamente igual que el anterior”. Ayer tarde, la Plataforma convocado en Tortosa la primera concentración de protesta mientras empieza a preparar manifestaciones.
En Zaragoza, el presidente del Partido Aragonés y portavoz en las Cortes, Arturo Aliaga, tilda de “paso atrás” el plan hidrológico del Ebro al suprimir la inscripción de la reserva hídrica de 6.550 Hm3 en el Registro de Aguas que llevará a Aragón a quedarse “sin beneficio a los regantes”. H
