Poco le ha durado la alegría a la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras). A primera hora de ayer celebraban con euforia haber logrado ser el primer sindicato de prostitutas legalizado y al mediodía conocían la intención del Gobierno de dar marcha atrás y anular la autorización.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, fue la primera en reaccionar tras enterarse por la prensa de la decisión de su departamento publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de agosto. No pudo ser más sincera. «Me han metido un gol por la escuadra. Es el peor disgusto que me he llevado en toda mi vida política», reconoció y anunció que ya había cursado la orden de anulación, que debe materializar ahora la Abogacía del Estado.

La autorización contradice todo el discurso feminista del Ejecutivo, y así lo admitió Valerio. «No avalaremos un sindicato de una actividad ilegal que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un gobierno socialista y feminista», advirtió.

Dos horas después la secundó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con otro mensaje inequívoco. «La prostitución no es legal en España y este Gobierno no dará respaldo a ninguna organización donde se recoja esa actividad ilícita», zanjó al respecto.

La ministra indicó en primera instancia que pediría explicaciones a la persona encargada del expediente de por qué no se le informó de su tramitación. Más tarde, matizó que la autorización era correcta en «la forma» porque cumplía los requisitos administrativos, pero no en «el fondo».

Después de recibir la noticia, el sindicato reaccionó en Twitter con incredulidad. «¿En serio un partido socialista, un partido creado por sindicalistas, un partido que dice ser progresista y de izquierdas, va a iniciar tramites para ilegalizar --recordemos que ya esta inscrito-- un sindicato de clase?», se preguntaron.