La nueva Ley de Memoria Democrática, en cuyo anteproyecto trabaja el Gobierno que preside Pedro Sánchez, permitirá ilegalizar aquellas asociaciones y fundaciones franquistas «que públicamente inciten, directa o indirectamente, al odio o violencia contra las víctimas de la guerra civil española y el franquismo por su condición de tales». Lo confirmó ayer el Ejecutivo en respuesta a una pregunta del senador castellonense de Compromís Carles Mulet. EFE
