Aunque pueda haber sorprendido, la idea de multar también a los padres de los hijos que sean pillados bebiendo alcohol en la calle o en un botellón cuenta con el apoyo de buena parte de los psiquiatras, médicos y especialistas en menores que han intervenido en la elaboración del informe parlamentario que servirá de base para la nueva ley de menores sin alcohol. Incluso los detractores de la medida coinciden en una cosa: hay que implicar a los padres en esta grave problemática porque la gran mayoría viven de espaldas a la misma.

«No es por recaudar ni por nada parecido. La sanción a los progenitores debería tener sobre todo una finalidad pedagógica, para que tengan conciencia de que este no es un tema baladí, que ellos también son responsables», argumenta Javier Urra, el primer defensor del menor que tuvo la Comunidad de Madrid.

Joan Ramón Villalbí, director de Calidad y Procesos de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, comparte la necesidad de implicar a los padres pero cree que no sería necesario llegar al extremo de multarles porque «al fin y al cabo si se multa al menor, los responsables de pagar esta sanción son siempre los tutores legales, es decir los mismo padres». En este sentido opina que será muy útil el veto de beber en la calle que prevé el informe.

EDAD DE INICIO // No hay muchos estudios sobre cómo las familias abordan las borracheras de los adolescentes. El más reciente, que data del 2012 y fue llevado a cabo por la Fundación Pfizer, revela que casi la mitad de los padres, el 44%, desconocen que sus hijos beben. Y de los que son conscientes de ello, la mayoría lo toleran sin problemas. El 55,4% de los adolescentes aseguraba que era la madre la que les deja hacerlo, y el 52,4% indicaba que era el padre. Según el estudio, la media de edad a la que se iniciaban los jóvenes en el consumo de alcohol es de 13,7 años, mientras que los padres pensaban que sus hijos comienzan a hacerlo a los 15 años. Son datos muy parecidos a los pocos que en este sentido facilita la encuesta del Plan nacional sobre Drogas.

De las asociaciones de padres de alumnos, solo la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha reaccionado negativamente. Su presidente nacional, Pedro José Caballero García, admite que las sanciones pueden ser «necesarias, pero que siempre sean como un último recurso».

También se ha quejado de que no se les haya consultado antes de lanzar la medida, pero la verdad es que Caballero fue uno de los expertos que comparecieron ante la ponencia parlamentaria que ha elaborado el informe. Allí fue incluso más rotundo y se pronunció claramente contra las sanciones económicos.