Al Ministerio de Justicia no le cuadran los datos que sobre fallecidos se ofrecen cada día y ha dictado una nueva instrucción en la que pide a todos los Registros civiles del país que le remitan diariamente una relación en la que conste «el número de defunciones que han tenido acceso al Registro, número de licencias de enterramiento que se han concedido, y el lugar de la defunción, especificando la localidad y si la misma se ha producido en un hospital, residencia o vivienda habitual». El objetivo es poder ofrecer una información «veraz, contrastada y más objetiva posible». Así lo dice la instrucción con fecha del pasado 4 de abril.
Solo entre el 17 de marzo y el 4 de abril, España registró un exceso de mortalidad del 47,2%, según el último informe publicado el pasado lunes que agrupa los datos de los registros civiles. Pero es difícil saber qué parte de este incremento se debe al coronavirus si no se dispone de todos los datos actualizados. Además, hay que tener en cuenta que en España, como señala Sanidad siguiendo lo que dicta la OMS, solo se cuentan como víctimas del covid-19 aquellas personas que dieron positivo en test.
Así lo explicó ayer también el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien advirtió a los grupos de la oposición de que «no haríamos nada bien al jugar» con asuntos como el de la cifra de fallecidos por el coronavirus, tras las acusaciones al Gobierno de un posible camuflaje. Lo hizo durante su tercera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Illa les recordó el modelo de recuento que se sigue en España y que se ajusta, según recalcó, a los protocolos europeos, que a su vez se rigen por las directrices de la OMS: la persona que da un diagnóstico positivo de coronavirus y fallece es computada como fallecido por coronavirus.
«Eso es lo que hace el Gobierno de España y en este tema vamos a ser todos muy serios, por favor», incidió el ministro, después de que la diputada Concepción Gamarra, del PP, acusara al Ejecutivo de estar confirmando solo los casos de pacientes a los que se les ha practicado el test.
Gamarra pidió a Illa que corrija ese criterio y que se establezca un sistema que permita contemplar los que no han podido ser diagnosticados, pero cuya muerte se estima que se debe al virus.
Pero el desfase tiene otros flancos. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, reconoció ayer que un total de 4.750 ancianos han fallecido en las residencias de la Comunidad de Madrid en un mes (del 8 de marzo al 8 de abril) frente a los mil que suelen morir habitualmente, de los cuales 3.479 han mostrado algún tipo de sintomatología de covid-19, y 781 han sido confirmados como portadores.
La Comunidad de Madrid registró en la segunda quincena de marzo 3.000 muertes más respecto a las de un año normal, que sin embargo no aparecen reflejadas en las estadísticas del coronavirus que difunde a diario el Ministerio de Sanidad, que solo tiene en cuenta los casos confirmados por PCR.
Esta cifra es fruto de la comparación entre las muertes que según Sanidad se dieron en la segunda quincena de marzo con coronavirus y las licencias de enterramiento dictadas por los jueces en ese período de tiempo, un total de 9.007.
Y es que la Comunidad de Madrid únicamente reporta las muertes ocurridas en los hospitales, dando información al ministerio tanto de los casos confirmados con pruebas PCR como de los sospechosos según su caso clínico, según indican a Efe fuentes autonómicas. Pero no los casos en residencias.
Por otro lado, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, secretarios judiciales, ha pedido que los registros civiles se centren solo en expedir licencias de enterramiento y efectuar las inscripciones de defunción durante el estado de alarma. En un comunicado, denuncia la situación de «caos» existente en los registros civiles y la excesiva carga de trabajo.
