El Consejo de Ministros aprobó ayer una moratoria en el pago de las hipotecas de la primera vivienda de familias vulnerables que hayan visto caer sus ingresos o se encuentren en paro como consecuencia del coronavirus. La medida se complementa con la prohibición de cortar suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables. «Garantizaremos el derecho a la vivienda de las familias más vulnerables; en esta crisis, nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación de dificultad», aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros.

Fuentes del Gobierno precisaron que la medida estará en vigor lo mismo que el Real Decreto del Gobierno (es decir, un mes), pero al tiempo dejaron la puerta abierta a prorrogarla si es necesario. Al sector financiero se le trasladó durante la mañana que la moratoria sería de un mes prorrogable a otro más.

El Ejecutivo también apuntó que las autoridades financieras europeas (el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea) están estudiando si permitir a los bancos no tener que hacer provisiones por estos aplazamientos de las cuotas hipotecarias, es decir, no tener que reservar unas cantidades para afrontar pérdidas como consecuencia de los impagos del crédito. Sin embargo, esta medida no sería necesaria si la moratoria estuviera en vigor un mes o dos debido a los plazos fijados por la normativa bancaria.

Algunas fuentes del sector financiero rechazaron la semana pasada la moratoria hipotecaria, ya adoptada en Italia y Francia. Sin embargo, las patronales bancarias AEB y CECA quisieron ayer apoyar el aplazamiento del pago de los préstamos hipotecarios y el resto de medidas anunciadas por el Gobierno, y expresaron su disposición a colaborar en la medida de sus posibilidades para hacerlas efectivas.

Ministros de Unidas Podemos también llevaron a la mesa del Consejo de Ministros la posibilidad de una moratoria en el pago de los alquileres, como han establecido otros países europeos, pero no salió adelante. Las fuentes del Gobierno argumentaron que la situación extraordinaria podría durar solo un mes y se mostraron confiadas en que los propietarios y los inquilinos puedan llegar a acuerdos sin que tenga que intervenir el Estado y como muestra de la colaboración de la sociedad ante el momento extraordinario que vive el país. El portavoz del partido morado, Pablo Echenique, apuntó que «habrá que dar más pasos para proteger a las personas que viven de alquiler o a las que no tienen ingresos o tienen ingresos muy bajos», pero calificó de «espectacular» el plan de choque aprobado por el Ejecutivo.

Dicho plan del Gobierno mima las medidas sociales en torno al pago de los suministros del hogar. En concreto, el decreto de medidas urgentes extraordinarias «prohibe durante mes, prorrogable, el corte de suministro de electricidad, agua y gas natural a los consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social».

El Gobierno argumenta que «el suministro domiciliario de agua potable, electricidad y gas natural constituyen servicios esenciales que, en las actuales circunstancias, deben quedar garantizados».

BONO SOCIAL / Asimismo, se prorroga la vigencia del bono social eléctrico a los beneficiarios que debían renovar su solicitud, quienes podrán realizar el trámite hasta el 15 de septiembre.

El bono social de electricidad es un descuento en la factura eléctrica de entre un 25% y un 40%, para consumidores vulnerables y consumidores vulnerables severos, respectivamente, que cumplan los requisitos establecidos. A finales de febrero del 2020, 1.290.550 unidades familiares recibían el bono social. El decreto aprobado también suspende la revisión de los precios máximos de venta al público de los gases licuados del petróleo envasados, como las bombonas de butano, y el gas natural. Se mantendrán los precios actuales durante los próximos seis meses.

Antes de aprobarse esta medidas, Endesa ya adoptó la decisión de no proceder a ningún corte de luz por impago en el recibo ante esta situación excepcional motivada por el coronavirus. Igualmente, Iberdrola ofreció fraccionar hasta en 12 meses, y sin coste, los recibos de luz y gas. Naturgy también puso sobre la mesa aplazar el pago de los recibos de sus clientes pymes y autónomos y hacerse cargo del coste de los facturas de forma temporal y financiar a clientes a seis meses sin intereses.