El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó el pasado miércoles con «hacer matar» a todos aquellos que «den problemas» durante las medidas de cuarentena impuestas por el coronavirus en el país. Estas declaraciones llevaron ayer a la Policía filipina a aclarar que no tiene previsto disparar a matar a quienes violen la cuarentena, como exhortó Duterte, al que le han llovido críticas desde organizaciones de Derechos Humanos por su polémico y llamativo mensaje.

«Mis órdenes a la Policía, al Ejército y a los responsables: Si hay disturbios, si responden y vuestra vida está en riesgo, disparad a matar», proclamó Duterte, un día después de que ciudadanos de Quezón se manifestaran por falta de comida y ayudas durante el confinamiento. La protesta concluyó con la intervención de las fuerzas de seguridad.

El director general de la Policía, Archie Gamboa, aclaró que los agentes no tienen previsto seguir dicha orden, en la que ve un «fuerte mensaje» que no es necesario tomar al pie de la letra. En declaraciones a ABS-CBN, aseguró que «probablemente» Duterte «solamente quería enfatizar el cumplimiento de la ley en este momento de crisis».

Una portavoz de la Comisión de Derechos Humanos, Jacqueline Ann de Guia, criticó las palabras del presidente, habida cuenta de que «es muy peligroso en este momento incitar a la violencia o usar palabras contundentes, tales como disparar contra las personas». En este sentido, recordó que «el principal propósito de la cuarentena es proteger el derecho a la vida».

Amnistía Internacional calificó de «profundamente alarmantes» las palabras de Duterte, que parecen «un sello de su presidencia», en alusión a las órdenes de este tipo que ya ha dado el mandatario en el marco de su guerra contra las drogas.

El responsable de la oenegé en Filipinas, Butch Olano, advirtió de que «la fuerza sin filtros no debería servir como método frente a una emergencia como la pandemia de covid-19».

El Gobierno del archipiélago asiático informó ayer de once nuevas muertes a causa del coronavirus, lo que implica elevar el balance de fallecidos por encima del centenar, hasta los 107. El Ministerio de Sanidad del país ha registrado hasta ahora más de 2.600 casos.