El Consejo de Ministros acordó ayer recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la ley de toros de Baleares, aprobada el verano pasado y que prohíbe expresamente maltratar y matar a los animales. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, informó de la presentación de este recurso contra determinados preceptos de la norma, acompañado de la petición para que el TC suspenda cautelarmente la aplicación de la citada ley.
Méndez de Vigo explicó que Baleares no tiene competencias específicas de protección de animales en su Estatuto de Autonomía. Añadió que, además, dicha ley incurre en inconstitucionalidad porque invade o menoscaba competencias estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes, según explica el Gobierno. También invade competencias estatales -a juicio del ministro- en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español, así como en las de seguridad pública.
La ley de toros fue aprobada por el Parlament balear el pasado mes de julio con los votos de los partidos de izquierda y la oposición del PP y Ciudadanos y prohíbe expresamente maltratar y matar a los toros, por lo que los toreros solo podrán emplear el capote y la muleta, no banderillas, ni estoques, ni puntillas.
Por su parte, la portavoz del Govern balear, Pilar Costa, dijo que el Ejecutivo autonómico no comparte el punto de vista del Ejecutivo central y por ello defenderá esta norma en los tribunales.
En octubre del 2016, el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre la ley catalana de protección de los animales en la que indicó que «es competencia de la Administración General del Estado garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio cultural».
