Continúa la instrucción del caso de la macrorred de estafas y blanqueo de capitales desarticulada el pasado mes de noviembre por la Guardia Civil de Castellón en una exitosa operación policial sin precedentes --la mayor detectada en el ámbito nacional detectada hasta la fecha--.
Mediterráneo publicó ayer que los juzgados centrales de Madrid han declinado la petición de inhibición del juzgado de Instrucción 5 de Castellón por la complejidad de la causa y alcance internacional, aunque se ha recurrido. Además, según ha podido saber este diario de fuentes judiciales, unas 200 personas que figuraban hasta ahora como afectadas por la concesión fraudulenta de créditos por parte de la organización criminal han pasado a estar investigadas en la causa al considerarse que podían conocer y consentir en aportar facturar falsas para lograr la autorización de préstamos dinerarios.
En los últimos días un buen número de testigos --comerciales, afectados o trabajadores de las empresas de la trama-- han declarado en distintos juzgados de la geografía española para ahondar en los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón. En ese mismo órgano han comparecido muchos de los implicados, pero también lo han hecho en sedes judiciales de Barcelona, València, Llíria, Torrent, Carlet o Parla (Madrid).
TESTAFERROS
Algunos testigos han revelado a la autoridad judicial la falta de conocimientos económicos, bancarios y fiscales de varios detenidos, confirmando la tesis de la Guardia Civil, que sostiene que el cabecilla utilizaba a sus parejas y también exparejas como testaferros de la trama.
Según ha podido este diario, algunos declarantes tuvieron que explicar a algunos exnovios «qué era un aval o pagaré» cuando estos últimos figuraban como responsables de sociedades.
Cinco de los detenidos siguen en prisión desde finales de año, acusados de pertenencia a organización criminal, blanqueo y estafa agravada. El entramado operaba, en gran medida a través de internet, desde dominios web en los que ofrecían créditos, préstamos, financiaciones y renting.
La Guardia Civil los acusa de apoderarse de 20 millones, además de haber localizado otros 500 en cuentas bancarias cuya procedencia no ha podido determinarse, según explicaron los responsables de la investigación.
El juzgado ya ha denegado alguna petición de puesta en libertad de los encarcelados, alegando que existe riesgo de fuga.
