El dueño de la finca donde se encuentra el pozo en el que murió Julen, el niño de dos años rescatado sin vida después de caer en dicha prospección en Totalán (Málaga), fue condenado ayer a un año de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave tras conformarse con los hechos y aceptar el acuerdo alcanzado entre las acusaciones y su defensa. Esta pena de prisión fue suspendida por el magistrado, por lo que no entrará en la cárcel.

El Juzgado de Málaga acogió ayer una vista en la que las acusaciones y la defensa presentaron el acuerdo alcanzado en las últimas horas que evita la celebración de todo el juicio, que incluye el pago de una indemnización de 89.500 euros para cada uno de los padres de Julen y de 663.982 euros para la Junta de Andalucía por las tareas de rescate.

Antes de concluir la vista, Serrano pidió perdón a los padres por el daño ocasionado, añadiendo: «En ningún momento quise que al niño le pasara nada», manteniendo que fue un accidente. Posteriormente, en declaraciones añadió que independientemente de la pena impuesta ayer, la condena la llevará «de por vida».

proceso // Los progenitores de Julen no tuvieron que declarar como testigos, pero el padre, José Roselló, en declaraciones a los periodistas tras la vista dio las gracias a los medios de comunicación por «el apoyo y el respeto» con ellos y aseguró que a pesar de que el proceso judicial ha terminado «satisfecho nunca voy a poder quedar». En la condena se tuvieron en cuenta las circunstancias que rebajan la pena de reparación del daño, en virtud del ingreso ya realizado de 25.000 euros de la indemnización total de unos 180.000 euros a los padres de Julen; y la de reconocimiento tardío de los hechos.

El magistrado dijo que se suspende la condena durante dos años, algo incluido en el acuerdo, pedido por la defensa y a lo que no se han opuesto las acusaciones; por lo que Serrano no ingresará en prisión. No obstante, le explicó que tendrá que cumplir una serie de obligaciones como no cometer delito durante los dos años de suspensión, comunicar los cambios de domicilios, comparecer judicialmente cada seis meses para informar de su situación laboral y abonar la responsabilidad civil impuesta.