Acusados de una trama de captación de trabajadores y explotación en Burriana. La Fiscalía pide una pena de prisión de siete años para tres hombres de origen pakistaní, que se sentarán en el banquillo por retener en un piso --bajo amenazas-- a un compatriota y obligarle a trabajar como collidor sin percibir la víctima remuneración económica alguna.
Según el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Mediterráneo, los procesados se dedicaban a beneficiarse de la tarea que desempeñaban otros pakistanís en situación irregular, a quienes intimidaban y amenazaban de forma constante, a cambio de comida diaria y un lugar en el que dormir.
En el año 2015 una tercera persona contactó con el afectado, que había llegado a España diez años antes y tenía una situación económica penosa. Le proporcionó documentación falsa y lo amedrentó para que este hiciera lo que dicha persona quería, amenazando con hacerles daño a su familia y trasladándolo de un lugar a otro del territorio nacional.
En septiembre de este año este individuo puso a la víctima a disposición de los tres acusados para que siguieran, presuntamente, explotando al afectado, atemorizado ante la posibilidad de que le hicieran daño a su hija, que residía todavía en Pakistán.
Generaron, así, un clima de hostigamiento, según el fiscal, y lo trasladaron hasta Burriana, alojándolo en una casa del camí de Onda, donde convivía con los acusados y otras 15 personas de distintas nacionalidades.
TRASLADOS
El denunciante se encontraba, según el Ministerio Público, en condiciones insalubres y sin percibir dinero alguno por el trabajo como collidor que le obligaban a desempeñar. Posteriormente, el testigo protegido fue trasladado, nuevamente, a Alicante y, más tarde, a Lleida. Fue, precisamente, en esta última ciudad donde efectivos de la Policía Nacional lo auxiliaron. Fue entonces cuando el afectado se decidió, al verse protegido, a huir de sus presuntos captores. Ahora, reclama los salarios que dejó de percibir mientras fue víctima de un supuesto delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, según relata la fiscal en su escrito.
Además de la pena de prisión mencionada, la Fiscalía sugiere una indemnización de 20.000 euros para el perjudicado por los salarios no percibidos y los daños morales que sufrió.
En el juicio --para el que todavía no hay fecha-- los procesados podrán contestar --o no-- a los interrogatorios. También declararán el testigo protegido y los policías nacionales que intervinieron para auxiliarlo y llevaron a cabo las investigaciones.
