La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a penas que suman más de 20 años de cárcel a ocho traficantes, cuatro mujeres y cuatro hombres, dedicados a la venta de cocaína en Castelló, Burriana, Almassora y Vila-real. Los procesados deberán, además, pagar una multa de 305.000 euros, según consta en la sentencia a la que ha accedido Mediterráneo.
Según declara probado el tribunal, el condenado a una mayor pena --cuatro años y medio-- y que es reincidente en este tipo de delitos distribuía droga con la colaboración de terceros para que la sustancia no pasara directamente por sus manos. Los magistrados consideran acreditado que, fruto de su actividad, compró una embarcación, un todoterreno y hasta un piso en Burriana.
LOS HECHOS
La sentencia establece que en octubre del 2017 el cabecilla ordenó a otro de los condenados que fuera a Torrent (Valencia) y recogiera un paquete de un kilo de cocaína con una pureza del 70%. Lo escondió debajo del capó de coche y emprendió el viaje de vuelta a Burriana, siendo interceptado por los investigadores en la N-340, en la salida de Burriana y les Alqueries.
Los agentes procedieron entonces a registrar la casa del capo en Burriana, hallando en su interior una prensa metálica, una caja de cartón con 523 gramos de una sustancia blanca compacta y 3.500 euros en efectivo.
UNA FAMILIA
La Audiencia sentó también en el banquillo a una mujer, acusada de idear un entramado familiar, junto a su padre y su hermana, para distribuir marihuana y cocaína. Los agentes registraron la casa familiar en la urbanización Los Ángeles de Vila-real, donde intervinieron utensilios para el cultivo de marihuana, dos botes con cogollos, cinco básculas de precisión, unos diez gramos de cocaína y un total de 28.000 euros en metálico. Otras dos mujeres han sido condenadas, asimismo, a penas de un año y medio por entregar pequeñas dosis de cocaína.
Todos los procesados reconocieron el pasado 25 de octubre su participación en los hechos descritos en la Ciudad de la Justicia de Castelló, admitieron los delitos contra la salud pública y alcanzaron un acuerdo con el fiscal antes de celebrar el juicio.
