Un matrimonio de origen nigeriano se sentó ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial de Castellón, acusado de explotar sexualmente a una compatriota y amenazarla con ritos de vudú para que ejerciera la prostitución en el camí Caminàs de la capital.

La fiscal del caso, Olga León, pide para ellos nueve años de prisión por los delitos de inmigración clandestina y prostitución coactiva. La víctima fue captada en su país natal, presuntamente, por los procesados cuando tenía solo 11 años y con promesas de tener una nueva vida en España.

La afectada, que es una testigo protegida y había sido citada correctamente, no se presentó al juicio. No es la primera vez que esta circunstancia se produce --en la última ocasión la vista oral tuvo que posponerse--. Por ello, la magistrada pidió a la Policía Nacional que la localizara con urgencia antes de que concluya el juicio --continúa hoy y mañana--.

Tanto la mujer como el hombre negaron ayer los hechos que se les atribuyen durante el incisivo y largo interrogatorio de la fiscal --no hablan bien castellano y precisaron la traducción de una intérprete de inglés-- . «No conozco a esa persona y no la traje de Nigeria», dijo la mujer, cuya casa registraron los agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía en el 2014. En ella hallaron bolsas con uñas, ropa interior ensangrentada y pelo púbico, como describieron los investigadores.

La acusada, sin embargo, dijo que esos restos pertenecían a su sobrina y alegó que en Nigeria esos objetos eran una especie de ajuar que se guardaba y entregaba al marido antes del matrimonio. La misma versión la mantuvo el procesado, quien negó que los ingresos y retiradas de dinero de sus cuentas respondieran al dinero que ganaban con la prostitución forzosa de mujeres.