Un constructor y exdirector de banco en Castellón, Francisco M.C., deberá cumplir tres años de prisión por la sonada estafa inmobiliaria que cometió en Almassora entre los años 2007 y 2008, de la que fueron víctimas más de 30 personas. El Tribunal Supremo confirma ahora la pena que le impuso al procesado la Audiencia Provincial de Castellón en el año 2018, cuya sentencia recurrió el empresario en casación.

Francisco M.C. fue condenado por un delito agravado de estafa tras la vista celebrada en la Ciudad de la Justicia de Castelló. Además de la pena de prisión, el tribunal le impuso una multa de 1.674 euros y la devolución de los casi 180.000 euros que diferentes clientes abonaron por pisos de la promoción Fontana que no llegaron a acabarse. Una vez parada la obra, no devolvió ese dinero a los clientes y los afectados, sospechando del engaño, denunciaron.

Hasta 33 personas reservaron pisos al procesado, según él mismo reconoció en el juicio celebrado en mayo del 2018 --aunque solo nueve se personaron como acusación particular en la causa--.

Entre las víctimas hay afectados que abonaron sumas que oscilan entre los 14.656 y los 35.813 euros, unas cantidades que la empresa dijo que estaban avaladas.

«El banco nos dijo que no existía ningún aval y perdimos el dinero», explicó uno de los denunciantes. «Si no hubiera estado avalado, nunca hubiéramos comprado», aseguró otra víctima.

«Engañado vilmente» se sintió el matrimonio de Almassora formado por Miguel De la Lama y Pepita Roig. Como ellos mismos explicaron a Mediterráneo tras la vista oral, se quedaron sin su casa familiar, donde comenzó a construirse la promoción Fontana. Según la pareja aseguró en conversaciones con este diario, el constructor condenado les prometió, a cambio de esa propiedad, «tres pisos de lujo» que nunca llegaron a existir.

«Mis hermanos y yo lo llevamos a juicio y conseguimos que lo condenaran a un año de cárcel y a que nos pagara 120.000 euros a cada uno, pero todavía no hemos visto ni un euro de ese dinero», aseguró entonces uno de los afectados de la promoción Fontana --de la sociedad Verdice SRL--. «Personal y psicológicamente esta situación ha sido y es muy dura. En esa casa nacimos y nos criamos. La derribaron para construir el edificio y ahora no tenemos ni una cosa ni otra», contó el matrimonio.

«Yo era administrador, pero había también dos apoderados. No recuerdo si los clientes estaban al corriente de los problemas de la empresa porque yo no trataba con ellos», relató el condenado, cuyo recurso ha sido rechazado.