La Audiencia Provincial de Cuenca ha condenado a Sergio Morate a 48 años de cárcel por los asesinatos de su exnovia Marina Okarinska y de Laura del Hoyo, amiga de la primera. Tras ser declarado culpable por el jurado popular, el tribunal le cargó ayer con 25 años (la máxima pena legal, al concurrir el agravante de parentesco y género) por la muerte de Marina y con 23 por la de Laura, con lo que recogía de esta manera las peticiones de la Fiscalía.

Morate siguió ayer la lectura del fallo del presidente de la Audiencia, José Eduardo Martínez Mediavilla, por videoconferencia desde la cárcel de Estremera (Madrid), en donde está preso desde septiembre del 2015. La sentencia del doble crimen de Cuenca fue leída en audiencia pública ante multitud de periodistas de todo el país en este tribunal donde hace 9 días Morate fue considerado culpable por unanimidad.

De Cuenca a Rumanía // Los siete hombres y dos mujeres que componían el jurado de este caso consideraron probado que Morate mantuvo una relación de pareja con Marina y que, al no superar la ruptura de este noviazgo, decidió y planeó acabar con su vida.

Asimismo, también estimaron probado que Morate citó a Marina en su piso para que recogiera unos efectos personales y que, cuando ella acudió acompañada de Laura, las mató estrangulándolas, a Marina con una brida y a Laura con sus propias manos.

Posteriormente, Sergio Morate las enterró en la localidad de Palomera y huyó a Rumanía en el coche de su hermano, donde fue detenido el 13 de agosto en casa de un amigo. Los cuerpos de las dos jóvenes fueron hallados semienterrados en una fosa, a unos 10 kilómetros de Cuenca, el pasado 12 de agosto del 2015.

El magistrado destaca la «brutalidad y perversidad del acusado», que ha provocado un «gran sufrimiento a las familias». Las indemnizaciones superan los 650.000 euros. De ellos, 120.000 son para cada uno de los padres, 40.000 para las hermanas y 50.000 para el marido de Marina.

Asimismo, el juez prohibe a Morate residir en Cuenca, acercarse a menos de 500 metros de los familiares de las víctimas o comunicarse con ellos durante diez años tras el cumplimiento de la pena, en el caso de Marina, y ocho en el de Laura, y el mismo período de libertad vigilada.