Las denuncias por conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas han descendido en Castellón a la mitad este año respecto al ejercicio anterior. Según cifras facilitadas por la Jefatura Provincial de Tráfico a este periódico, en los primeros seis meses del 2020 se han interpuesto un total de 354, frente a las 673 sanciones del 2019.

La razón hay que buscarla, una vez más, en la crisis sanitaria del coronavirus, que durante los meses más duros de la pandemia obligó a decretar un estricto confinamiento y a restringir los movimientos de la población. Además, desde el 14 de marzo y hasta finales del mes de junio, ni la Policía Local ni la Guardia Civil realizaron controles de alcoholemia rutinarios en la provincia ante la falta de protocolo y la gravedad de la situación derivada de la pandemia. Los agentes únicamente realizaban test en caso de accidente o si el conductor presentaba una conducta irregular al volante (síntomas evidentes de embriguez o circulación anómala).

Actualmente y desde finales de junio, las policías municipales sí han retomado las pruebas rutinarias --especialmente, en localidades costeras turísticas--, no así la Benemérita, según confirman fuentes del instituto armado a este rotativo. Y es que en situación ya de nueva normalidad, todavía existe mucha incertidumbre acerca de estas pruebas de aire expirado y saliva, en cómo llevarlas a cabo y en los medios de protección para efectuarlas con seguridad.

Quebrantamientos

Durante las peores semanas de la crisis sanitaria internacional, la Policía y la Guardia Civil centraron sus esfuerzos en controles de movilidad.Era habitual su presencia en las entradas y salidas de los grandes municipios y en la autopista para garantizar el cumplimiento del confinamiento obligatorio.

Tanto es así que casi 10.500 personas fueron denunciadas en Castellón por quebrantamiento del estado de alarma. Además, otras 44 acabaron detenidas, según los datos aportados por el Gobierno.

«El de los controles de alcoholemia como los conocíamos antes de la pandemia un tema complejo. Sería importante tener un protocolo claro y ahora mismo no hay nada establecido», comentan asociaciones y sindicatos policiales. «Aunque se cambien las boquillas, siempre quedan esporas de saliva en el alcoholímetro. Si nos obligan a mantener la distancia y a llevar mascarilla, es difícil justificar que todos los conductores deban soplar en un mismo aparato», afirman agentes consultados. Por el momento, si un conductor se niega a soplar, se le imputaría un delito directamente.