La Fiscalía Provincial de Castellón y los jueces mantienen posturas enfrentadas a cuenta de la ausencia de medidas que protegieran a las pequeñas Martina y Nerea, asesinadas por su padre, y a la madre de estas, que lo denunció en febrero por amenazas.

Tras el primer desencuentro que se evidenció el mismo día del doble parricidio al informar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de que el fiscal del caso se opuso a la orden de protección solicitada por la madre y desmentirlo el fiscal jefe de la provincia, José Luis Cuesta, las posturas se recrudecieron ayer.

A preguntas de Mediterráneo, el TSJCV insistió en que «en reiteradas ocasiones a lo largo de la instrucción la Fiscalía se opuso a los recursos interpuestos por la víctima contra el auto que le denegaba las medidas de protección y solicitó el mantenimiento de ese auto por considerarlo ajustado a derecho». En este sentido, desde el alto tribunal valenciano hicieron hincapié en que, en al menos dos escritos, «el fiscal no apoya, sino que impugna, el recurso de la mujer». Por lo que respecta a la negativa del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 a la concesión del alejamiento, basa las razones en que no había antecedentes y la valoración policial era de riesgo bajo, así como en que cuando ya existía causa por violencia, el fiscal pidió la custodia compartida y el juez de familia lo rechazó y se la concedió a la madre con el régimen de visitas que los padres habían pactado de mutuo acuerdo.

Desde el TSJCV añadieron que la Fiscalía pidió alejamiento, pero no la suspensión de las visitas del progenitor a las menores.

Por su parte, la Fiscalía Provincial confirmó a este diario que ya ha puesto en conocimiento del fiscal superior de la Comunitat lo que considera un ataque al Ministerio Público. Cuesta pide «transparencia» a la hora de abordar los pasos dados en el procedimiento judicial contra Carrascosa y defiende la actuación del fiscal. «Las decisiones no las toma la Fiscalía, sino el juez. Nosotros pedimos una orden de protección en ese caso y no se concedió. Por lo que respecta a la posibilidad de recurrir dicha decisión, lo hacemos si consideramos que puede prosperar. Que no se conceda una medida no significa que no se hubiera pedido», aseguró el fiscal jefe en declaraciones a este periódico.