El fiscal pide cuatro años y seis meses de cárcel para M. D. D. J. por un delito contra la salud pública, tras haber sido sorprendida a la salida de su casa en el Grao de Castellón escondiendo heroína y cocaína en su delantal.
El ministerio público considera los hechos probados. El juicio contra la mujer tendrá lugar el próximo 29 de enero, a las 10.00 horas, en la sala de vistas de la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón.
Como se señala en el escrito de conclusiones provisionales, al que ha podido acceder Mediterráneo, los hechos ocurrieron el 29 de agosto de 2017. Sobre las 14.40 horas, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que estaban prestando servicio de prevención y de refuerzo de la seguridad en el distrito marítimo de la capital, observaron cómo la mujer salía de la vivienda en un evidente estado de nerviosismo y portando un delantal de color negro.
Por ello, los agentes procedieron a identificarla, encontrando en el interior del mandil un bote de plástico con 41 papelinas que, una vez analizadas, resultaron contener 4,35 gramos de heroína, con una riqueza del 86%; y otro bote de plástico con 14 papelinas, cuyo contenido, una vez analizado, resultó ser cocaína, en concreto, 1,3 gramos, y con una pureza del 86%, tras los análisis forenses respectivos.
La misma mujer pretendía destinar a la venta o distribución entre terceras personas estas sustancias estupefacientes. También se le hallaron 1.081 euros en moneda fraccionada en dos monederos, fruto presuntamente de anteriores intercambios de droga.
TASACIÓN PERICIAL
En el mercado ilícito, la heroína intervenida a la mujer hubiera alcanzado un precio de 341,20 euros, y la cocaína incautada 302,05 euros, conforme a la tasación pericial efectuada. Por todo ello, sigue el escrito de conclusiones provisionales, los hechos anteriormente relatados son legalmente constitutivos de un delito contra la salud pública, previsto y penado en el artículo 368 del Código Penal.
Según el texto, la autora de este delito es la acusada, y así se demuestra en el escrito de conclusiones provisionales, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Ante todo lo citado, el ministerio público asegura que hay que imponer a la acusada la pena de cuatro años y seis meses de prisión con multa de 1.000 euros, además de 10 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y pago de las costas procesales, por este delito cometido contra la salud pública.
