Miguel De la Lama y su esposa, Pepita Roig, se sienten «engañados» por Francisco M.C., el empresario y exdirector bancario juzgado por la Audiencia Provincial de Castellón y para quien la Fiscalía pide siete años de cárcel y la devolución de 180.000 euros.
El matrimonio almazorense califica de «criminal» y «ladrón» al acusado, tras haberse quedado con la casa familiar en la que De la Lama, que cuenta con 71 años, nació y haberles prometido a cambio «tres pisos de lujo» que nunca llegaron a existir.
«Mis hermanos y yo lo llevamos a juicio hace un año y conseguimos que lo condenaran a un año de cárcel y a que nos pagara 120.000 euros a cada uno, pero todavía no hemos visto ni un euro de ese dinero», asegura uno de los afectados de la promoción Fontana --de la sociedad Verdice SRL--. Esa sentencia se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo por la defensa de Francisco M.C. y el matrimonio espera ahora la confirmación del fallo de la Audiencia.
En declaraciones a Mediterráneo, la pareja reconoce que ha perdido la esperanza de recuperar «lo que es nuestro» y lamenta haberse quedado sin la única herencia de la que disponían.
Un calvario
«Personal y psicológicamente esta situación ha sido y es muy dura. En esa casa nacimos y nos criamos. La derribaron para construir el edificio y ahora no tenemos ni una cosa ni otra», relata el vecino de Almassora, a quien le entristece profundamente no poder dejar nada a sus hijos. «Ese hombre es un sinvergüenza, que nos enseñó los planos de unas viviendas de primera, con todos los lujos y una piscina en la azotea y luego dejó todo sin construir», dice Pepita Roig, quien ha batallado junto a su esposo durante una década en los tribunales para conseguir que la justicia les diera la razón.
El matrimonio desmiente que Francisco M.C. no tuviera relación directa con los compradores, como sostuvo este martes durante su interrogatorio en la vista oral. De hecho, asegura que el acusado era quien iba a buscarlos de forma insistente.
«Cuando interpusimos la querella contra él, puso la casa de mi madre a nombre de su mujer y su hija para librarse de la condena y lo sentenciaron por alzamiento de bienes», explica De La Lama.
Su mujer lamenta que «los delincuentes se aprovechen de la gente de la calle, que no entendemos de números ni de leyes».
Cabe recordar que Francisco M.C. responsabilizó del pufo inmobilario en su declaración del martes a quien fuera director financiero de la sociedad --hoy con un tumor cerebral-- y al jefe de ventas, a quien señaló como la persona que trataba con los compradores de las viviendas.
A juicio en la Audiencia
Hasta 33 personas reservaron pisos al procesado y entre las víctimas hay quienes abonaron sumas que oscilan entre los 14.656 y los 35.813 euros, unas cantidades que la empresa dijo que estaban avaladas. Sin embargo, con el paso de los meses, la construcción de las casas no avanzaba y los clientes, extrañados, pidieron explicaciones a la empresa y al banco que supuestamente cubría las reservas.
«La entidad financiera nos dijo entonces que no existía ningún aval y perdimos el dinero», explicó uno de los denunciantes a los tres magistrados. El caso ha quedado visto para sentencia en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.
