Si es maestro, pediatra, profesor de academia, monitor de actividades extraescolares, conductor de autobús, entrenador de un equipo infantil o incluso sacerdote va a tener que acreditar que no cuenta con antecedentes penales por abuso sexual. Y lo van a tener que hacer desde ya. Hace tan solo tres días, el pasado 1 de marzo, entró en vigor la modificación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia (una medida que se aprobó en julio del 2015) y que en la práctica obliga a todos los profesionales que trabajen en contacto con menores a aportar a la empresa o institución que los contrate un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

La nueva ley ordena la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales. El objetivo es que antes de emplear a una persona en un puesto en el que vaya a estar en contacto con niños, la institución, entidad, el particular o la Administración compruebe si el candidato tiene antecedentes penales por delitos sexuales. Hoy un pederasta que sale de la cárcel tras cumplir una condena por agresión sexual a un menor podría trabajar de monitor de campamento, entrenar a un equipo deportivo o dar clases en un colegio. Y eso es, precisamente, lo que se quiere evitar.

La medida afecta a miles y miles de profesionales, tanto a los nuevos trabajadores como a los que llevan décadas en contacto con los niños. De hecho, la Conselleria de Educación ya ha hecho pública una instrucción en la que se indica que todos los profesores interinos cuyo puesto sea adjudicado a partir del 1 de marzo deberán aportar en las direcciones territoriales correspondientes el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Los 7.912 maestros y profesores no universitarios ya en activo en Castellón no deberán presentar dicho documento, pero tienen hasta el 1 de abril para autorizar a la Conselleria y que ésta pueda acceder a la Plataforma de Intermediación de Datos del Ministerio de Hacienda y conocer así todos los datos penales.

Maestros y profesores en activo deben rellenar una autorización y entregarla a la Secretaria del centro docente en el que trabajan. Una vez recopiladas todas las autorizaciones, cada colegio o instituto las remitirá a la Dirección Territorial de Educación.

SOLO LOS NUEVOS SANITARIOS // Educación obligará a todos los maestros a demostrar que no han sido condenados por agresión sexual, abuso, acoso, exhibicionismo, provocación, prostitución, explotación y corrupción de menores y Sanidad hará lo mismo aunque solo con los nuevos trabajadores. También desde el 1 de marzo, los nuevos médicos, enfermeros o auxiliares que se incorporen a hospitales, consultorios o centros de especialidades deberán presentar el certificado que acredite que no poseen antecedentes por delitos sexuales.

Obtener el certificado de antecedentes penales cuesta 3,66 euros y, según fuentes del Gobierno, puede solicitarse de tres formas: de manera presencial, en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Castellón (plaza María Agustina), por correo postal o a través de internet (si tiene certificado digital o DNI electrónico).

Desde los sindicatos no ven mal este requisito, pero CSI-F ya ha solicitado por escrito a la Conselleria de Sanidad que requiera de oficio al Ministerio el certificado de antecedentes penales del personal sanitario, con el “fin de agilizar las contrataciones y evitar las colas, los desplazamientos y el coste de dinero a los trabajadores”. “Ya hemos advertido de las largas colas que se están formando en otras comunidades y del retraso en la expedición de los certificados, debido en gran parte, a falta de personal”, explican.

El CSI-F reclama que Sanidad certifique de oficio, pero hay otros sindicatos a los que la medida no gusta nada. Es el caso de STEPV que considera que obligar a los docentes a presentar un certificado con sus antecedentes penales “atenta contra la presunción de inocencia”. H