Castellón ha perdido casi la mitad de sus oficinas bancarias en la última década, al pasar de las 634 en el 2006 a las 371 al cierre del 2016. Desde el pico máximo del 2008, cuando alcanzó las 679 sucursales, han sido ocho años consecutivos de recortes en un sector financiero que ha venido sufriendo un ajuste sin tregua, de locales y empleados.
La sangría no lleva pinta de cesar y, según los propios sindicatos, la reestructuración va a continuar en este 2017. Por ahora, tanto CCOO como UGT están en alerta por las implicaciones de la reciente adquisición del Banco Popular por el Santander.
El reajuste ha tocado todos los palos: desde las cajas rurales y el cooperativismo al sistema financiero valenciano desaparecido o las fusiones y/o absorciones de distintas entidades del panorama nacional. ¿El resultado en Castellón? Un 41,4% menos de puntos de atención al público de las entidades financieras en pueblos y ciudades, 263 menos en el periodo analizado de los últimos 10 años, que vienen a suponer un 13% de todas las oficinas cerradas en la Comunitat valenciana.
La regresión experimentada en servicios financieros en el territorio castellonense, de hecho, es 7,6 puntos superior a la media de España (donde han desaparecido un 33,8% de oficinas en la década (14.643), al pasar de 43.286 a 28.646); y 3,2 por encima de la Comunitat (con un descenso del 38,2%, con 1.814 cierres, al pasar de 4.746 a 2.932). La merma de espacio y plantillas ha venido aparejada de un proceso de modernización de las oficinas de mayor tamaño o el refuerzo de las prestaciones tecnológicas y más servicios on line para el usuario.
En opinión de los sindicatos, el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO en Castellón, Javier Porcar, explica que, «desde hace unos años, el negocio bancario, con tipos al cero por cien, no sostiene la red de oficinas, cajeros y empleados que había antaño. Eso, más las miles de empresas en internet que dan un préstamo en 24 horas». Agrega que se tiende «a menos oficinas, pero más grandes; y a reducir costes de personal desviando gestiones a cajeros o internet».
En opinión de Porcar, «la reestructuración del sector va a seguir en marcha, afectando a oficinas y empleos», en referencia al último proceso de compra.
En la línea, la responsable del sector financiero de UGT-PV, Marta Benito, también se muestra «preocupada» por la afección a los puestos de trabajo tras la adquisición del Banco Popular.
Acerca de los cambios registrados por el sector en la Comunitat y Castellón, Benito cita los expedientes de regulación de empleo (ERE) que han mermado las plantillas de los empleados de las finanzas; donde cada vez más la edad media es inferior, al haber salido los profesionales de la banca de mayor edad con jubilaciones voluntarias. Resalta que la reducción del personal en los puntos de atención a los clientes ha generado «las ya habituales colas en las sucursales de los bancos, que se debe no a que el servicio es más lento sino a que se cuenta con menos plantilla». Otro efecto colateral ha sido el cierre de locales, que ha engrosado el mercado inmobilario de alquiler, con intereses para uso comercial, sobre todo, en la capital Castellón.
