S er joven suele ser el mejor momento de la existencia. Una etapa que, frecuentemente, se asocia al primer empleo, la independencia económica, la formación de un hogar… A unos 60.000 jóvenes de Castellón (aquellos que hoy tienen entre 20 y 30 años) el virus les ha confinado esas expectativas. Más del 80% de los empleos que ha destruido el covid en la provincia lo ocupaba un menor de 30 años y la tasa de desempleo para los que aún no han cumplido los 25 años ha escalado al 42,5%. El golpe ha sido peor y eso que la situación de la que partían miles de chicos y chicas ya era mala.

Los datos son incontestables. De los 8.600 empleos que se destruyeron en Castellón durante el segundo trimestre del año (la población ocupada pasó de las 241.400 personas de marzo a las 233.800 de junio), 7.400 correspondían a menores de 34 años, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Además, el desempleo se ha disparado y al cierre del pasado mes de julio, los parados de menos de 29 años eran 9.012, casi 1.200 más que en el mes de marzo. O dicho de otra manera: la pandemia ha dejado en la cuneta laboral a 10 jóvenes al día. «De nuevo volvemos a ser uno de los colectivos más perjudicados y a quienes más nos están afectando los despidos y los contratos en precario», apunta Ana Belén Montero, responsable de Políticas Sociales y Juventud de CCOO-PV, un sindicato que lleva tiempo denunciando la mala situación laboral por la que atraviesan la mayoría de los jóvenes valencianos.

La crisis anterior, la del 2008, ya había dejado tiritando a los jóvenes. Fueron el colectivo que más tardó en recuperarse y, cuando lo hizo, se encontró con un mercado laboral que solo les ofrecía contratos temporales y salarios muy bajos. «Cuando llegó el coronavirus, los jóvenes estábamos empezando a salir de la crisis y ahora nos ha vuelto a golpear con fuerza. Y eso se debe a que somos los que acaparamos buena parte de los contratos temporales», describe Pablo Salvador, presidente del Consell de la Joventut en Castelló. Una inestabilidad de partida que se traduce en mayor riesgo de caída cuando vienen mal dadas: el círculo vicioso de la precariedad.

La gravedad de la situación y la oscuridad de las perspectivas contrasta con la parquedad de las políticas específicas. Por eso, los sindicados y el Consell de la Joventut insisten en la necesidad de prestar atención a un colectivo que puede volver a quedarse atrás. «Hay que poner en marcha medidas estructurales para favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo y reforzar las inspecciones para acabar con los contratos fraudulentos», insiste Montero, que aboga también por reforzar el parque público de vivienda para que los más jóvenes puedan emanciparse y ampliar la protección social con la que cuentan.

Pablo Salvador incide en que este año más que nunca las becas deben abonarse al inicio del curso académico: «Estas ayudas son esenciales, como también lo son los programas que faciliten el emprendimiento de los jóvenes, dado que tememos que lo más dramático esté aún por llegar». H