El equipo de gobierno de Vila-real prorrogará el presupuesto municipal del 2017, al menos por dos meses más, ante las dificultades de «cuadrar los números» para elaborar las cuentas del 2018. La causa, los 4,3 millones de euros que tiene que pagar el Ayuntamiento como consecuencia de las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación tras las reclamaciones de propietarios de terrenos que fueron ocupados para la ejecución de obra pública, especialmente, durante el último ejecutivo local del PP.

Así lo anunció ayer el alcalde, José Benlloch, quien confía en poder aprobar las cuentas del próximo ejercicio «en febrero o marzo», una vez encuentren «una solución que permita hacer frente a los pagos urbanísticos y los empastres de la gestión de los populares al frente del consistorio».

Y añadió: «La única decisión responsable que se puede tomar para que el monstruo del urbanismo depredador del PP no afecte a la prestación de servicios para la ciudadanía es prorrogar los presupuestos, aunque eso conlleve no poder destinar ni un solo euro a otras inversiones que no sean las previstas en el 2017».

Y es que el munícipe aseveró que los 4,3 millones que dificultan sacar adelante unas nuevas previsiones económicas «no tienen discusión posible, han de pagarse». De hecho, ha llegado al Ayuntamiento la primera demanda judicial de uno de los propietarios al que la ciudad tiene que abonar 400.000 euros por los terrenos que se le ocuparon para realizar el jardín Jaume I y cuya vista se ha fijado para marzo.

«No podemos permitir que, por culpa del pasado, los vila-realenses no tengan presente ni futuro. Queremos llegar a acuerdos con los dueños, abonarles lo que les corresponde, pero no podemos ni vamos a dejar de prestar servicios a los ciudadanos», aseveró.

SIN SUBIDAS // Pese a este hándicap, Benlloch reiteró la voluntad del ejecutivo local de no incrementar los impuestos. «Reconocemos que fue un error bajar el IBI en el 2014, una medida por la que dejamos de ingresar dos millones de euros cada año, por lo que devolvimos la presión fiscal a los niveles del 2011, cuanto entramos a gobernar, y así seguirá, congelado», afirmó el alcalde.

De esta forma, los esfuerzos inversores para los próximos dos meses se centrarán en completar los proyectos contemplados en el presupuesto del 2017, como es el caso de el asfaltado de las calles Corts Valencianes y Alfons el Magnànim, contratar el plan de reasfaltado de caminos rurales y viales urbanos, reformar el párking y el entorno de la plaza Colom, ampliar el contrato de limpieza viaria o ejecutar los convenios con entidades sociales.

CRÍTICAS DEL PP // Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Héctor Folgado, aseguró que Benlloch «ha decidido prorrogar el actual presupuesto mostrando su falta de liderazgo y su incapacidad para gobernar. El desastre de Benlloch es un modelo fracasado, que solo sabe subir impuestos y recortar servicios», señaló el edil popular, quien además responsabilizó al munícipe de la situación por «gastar más de lo que ingresa y por no resolver los problemas generados por el PGOU de los socialistas».