"Perseguido y maltratado". Así es como se siente el alcalde de Vila-real, José Benlloch, en relación al procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Castellón, tras la reclamación del propietario de una parcela ocupada por el anterior equipo de gobierno del PP para construir lo que hoy es el centro de tecnificación deportiva. Y es que, el auto dictado por el juzgado castellonense obligaba a pagar de inmediato al dueño del solar la cantidad de 856.000 euros --que es la valoración realizada por los técnicos municipales--, pese a que existen recursos que están pendientes de resolución, tanto por parte del propietario como del consistorio. Un importe que se abonará en unos días tras haber contratado un préstamo para ello.

No obstante, el mismo juzgado remitió una diligencia de ordenación, con fecha de 21 de octubre, en la que se insta al alcalde a pagar una multa personal de 300 euros, que se le impuso por no abonar en el plazo de 10 días los más de 800.000 euros al dueño del solar ocupado por decisión del ejecutivo local liderado por el exalcalde popular Juan José Rubert, a finales del 2007.

Un plazo que Benlloch insiste en que «ha sido imposible de cumplir, porque el Ayuntamiento no tenía esa disponibilidad de dinero y así se le explicó, a través de un informe técnico, a la magistrada, aunque sin éxito».

En este sentido, el munícipe señala que ha sido necesario aprobar la contratación de un préstamo, que se ha firmado esta semana, para poder hacer frente a este pago, así como a otras sentencias y decisiones del Jurado de Expropiación. «El alcalde no puede suscribir un crédito porque sí, sino que hay que seguir un procedimiento que se completa en unos tres meses, y así se lo hicimos saber a la jueza», asevera Benlloch.

EMBARGO // La negativa de la titular del Juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Castellón a aceptar los argumentos esgrimidos por el consistorio, en base a la documentación elaborada por los técnicos, ha desembocado en una diligencia que iniciaba el embargo de bienes personales al munícipe. Sin embargo, el primer edil ha decidido pagar la multa de 300 euros, por consejo de sus abogados, para evitar el inicio del proceso. «Es indignante que tengan que embargarme por empastres del PP», asevera y se plantea presentar una queja ante el CGPJ por el trato recibido por el juzgado.