La corporación municipal de Vila-real saldó ayer la polémica por el pago de facturas de dos servicios municipales, que ya obligó a retrasar el pleno, como son el de autobús urbano gratuito y el tiempo estipulado de estacionamiento gratuito --media hora-- para los vecinos en el párking de la plaza Major, que acordaron con la concesionaria con el fin de dinamizar el comercio local.

El pago de los recibos, que ascienden a 156.000 euros, salió adelante con el voto favorable de los 13 ediles del PSPV-PSOE y el concejal de Unides Podem, que también forma parte del ejecutivo local. Por su parte, los grupos en la oposición --PP, Compromís, Ciudadanos y Vox-- lo hicieron en contra. En alcalde, José Benlloch, hizo hincapié en que se trata de «servicios esenciales para la ciudad», de ahí la urgencia de aprobar este abono antes de acabar el año, por cuanto, dijo, «de no ser así se produciría un retraso de varios meses que perjudicaría a las empresas concesionarias, que incluso podrían solicitar intereses de demora al consistorio».

«HERENCIA» // Con todo, el munícipe reconoció que se trata de dos prestaciones públicas que se mantienen «en condiciones excepcionales, ya que fueron heredadas del gobierno del PP sin contrato». Benlloch anunció que ya disponen de una propuesta de plica para licitar, por importe de 500.000 euros --consignados en el presupuesto del 2020-- el servicio del autobús urbano. Una medida que, aseguró, también pretenden aplicar a la media hora gratuita de estacionamiento en el párking de la plaza Major.

Desde la oposición, el portavoz del PP, Héctor Folgado, acusó al alcalde de «volver a saltarse la ley», frase en la que coincidió el líder de Ciudadanos, Domingo Vicent. En este sentido, Folgado afirmó que «no hay contrato porque Benlloch hace lo que le da la gana, saltándose incluso la Intervención, que alerta de la ilegalidad. Y lo hace no solo con estas facturas, sino con una cifra acumulada que supera los 703.000 euros de pagos no sujetos a un contrato desde el 2018», detalló.

«Aunque los proveedores tengan que cobrar por sus servicios, en Ciudadanos no podemos ser cómplices de malas prácticas administrativas, tal y como avalan los informes técnicos municipales», indicó Vicent. Desde Compromís, Josep Pasqual Sancho criticó las «formas» del ejecutivo local en este asunto, mientras que Irene Herrero (Vox) reclamó que la situación no se repita a finales del próximo ejercicio 2020.