El alcalde de Vila-real, José Benlloch, se marca como «prioritario» e «irrenunciable» reservar una partida de unos 500.000 euros en el presupuesto del 2018 -aún pendiente de aprobación-- para la creación de una bolsa de viviendas sociales. «Una ciudad como la nuestra, con más de 50.000 habitantes, no puede seguir sin tener casas y pisos que ofrecer de forma temporal y de manera excepcional a las familias que se quedan en la calle», asegura.

Este es uno de los ejes en los que el munícipe vila-realense afirma que se basarán las cuentas del presente ejercicio en las que, insiste, se trabaja a contrarreloj para poder llevarlas a pleno todavía dentro de esta primera quincena de marzo, aunque para ello hay que lidiar con «la desastrosa herencia urbanística que dejó el PP, que no para de dar palos, como el pago inminente de 4,3 millones de euros de valoraciones del jurado de expropiación derivadas de ocupaciones o expropiaciones de suelo», puntualiza.

En cualquier caso, el primer edil está decidido a «hacer encaje de bolillos», como les toca realizar «cada día para afrontar los empastres de la gestión urbanística que realizaron los populares», para que el presupuesto esté listo en un plazo de una semana e incluya la asignación para la compra de viviendas sociales.

De hecho, Benlloch explica que han mantenido contacto con entidades financieras propietarias de inmuebles, «algunas de las cuales están abiertas a llegar a acuerdos» para que el consistorio disponga de pisos y de casas que ofrecer a familias que están en situaciones de emergencia.

FUTURO // «La situación dejada por el PP, que ya nos ha obligado a pagar más de 30 millones en sentencias y valoraciones urbanísticas desde el 2011, no puede llevar a sacrificar el presente y el futuro de este municipio, especialmente en un momento como el actual, en el que hay un interés creciente de empresas por ampliar sus infraestructuras o por establecerse», insiste el alcalde de Vila-real.

Benlloch hace hincapié en las dificultades «para cuadrar las cuentas del 2018 y que estas tengan el aval de los técnicos y de las distintas administraciones, teniendo en cuenta el riesgo urbanístico que pesa sobre el consistorio y que distintos informes cifran en más de 200 millones, unos 40 de ellos a corto plazo».

Una problemática que se agrava por el incumplimiento del plan de estabilidad presupuestaria en el 2017, a causa de los 4,3 millones a pagar por las valoraciones del jurado de expropiación, lo que ha generado un déficit del ejercicio anterior de 725.000 euros, lo que obliga al consistorio a justificar el mismo a requerimiento del Gobierno.