La ministra Ana Pastor ha presentado un proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Se trata de una materia delicada. De momento, sólo conozco algunas críticas por parte de los representantes de los profesionales afectados.

Naturalmente, yo dejo en manos de los que ejercen la medicina y la enfermería la última decisión, pero me parece demasiado reglamentista e intervencionista. Todo el mundo va a ser evaluado. En principio, esto está muy bien. Y, además, someterse a una evaluación será voluntario. Pero este respeto a la libertad de presentarse o no para obtener un "certificado de calidad" no puede esconder las consecuencias que puede tener para los médicos y el personal sanitario. Que serán etiquetados como profesionales de primera, segunda o tercera.

La ministra ha hecho una pregunta con la que quiere defender la ley: "Si un ginecólogo exhibe el título de grado 3, y otro no, ¿a qué consulta iría usted?". Lo siento, pero mi respuesta no sería, automáticamente, que siempre preferiría un médico "de grado 3". Me interesaría la calidad personal del médico. No sólo sus acreditados conocimientos y los trabajos de investigación que haya publicado, sino también cómo valora la actitud de cada paciente ante la salud y la vida, porque hay actitudes de "grado 1", de "grado 2", etcétera, y también hay que saber "evaluar". Y pienso que la capacidad de crear confianza entre paciente y médico es, igualmente, un "valor" médico.

Si no lo entiendo mal, sólo se podrá pasar de un grado de calidad a otro después de cinco años. Esto supone vincular a la edad la posesión de un diploma calificador. No me parece bien. Es necesario que los médicos mayores se reciclen. Pero es que muchos médicos jóvenes ya están perfectamente preparados y más al día.

Seguro que la ley tiene buenas intenciones "ordenadoras". Pero me gustaría que la discutieran. Porque las buenas intenciones, cuando son demasiado rígidas, tienen malas consecuencias.