El domingo toca analizar lo que diga el último Consejo de Ministros. En esta ocasión, la ley integral contra la violencia doméstica. En El País, el fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, ante la duda sobre la discriminación positiva de la mujer en el ámbito penal, declara: "Nuestra Constitución no sólo permite la acción positiva en favor de las personas que estén en situación desfavorecida, sino que la impone. Los poderes públicos tienen la obligación de remover los obstáculos que impidan hacer efectiva la igualdad". Su remate rotundo: "No podemos quedarnos en una concepción decimonónica de igualdad formal". Quizá sí.
José Antonio Zarzalejos dice en su artículo dominical de Abc: "La discriminación positiva de las mujeres está admitida con limitaciones --aunque con eficacia controvertida-- en el ámbito social y laboral. Trasladarla al penal es regresar de manera torpe a una concepción preconstitucional al amparo de la cual sólo se sancionaba por adulterio a la mujer, consagrando la impunidad del varón, sometido nada más que al reproche de su propia conciencia". ¿Alguien da más en ese disimulo de la cuestión de fondo? Sí. Antonio Gala, en El Mundo: "El PSOE apuesta por la sinécdoque, aunque no tenga muy claro qué sea. Apuesta por la violencia de género
