Existen lamentaciones de la Iglesia y su entorno político sobre diferentes temas como son la eutanasia, matrimonios del mismo sexo, las clases de religión, su financiación, etc. Con este tipo de declaraciones se demuestra la separación de la jerarquía eclesiástica con la realidad social.
Que la Iglesia ha perdido parte de su inmenso poder está claro; que todavía tiene una influencia importantísima en la sociedad, también es evidente; que parte de los fieles no llegan a comprender algunas posturas de los dirigentes es cierto y desorientador para ellos.
La Iglesia ha hecho de la "familia tradicional" (claramente estructurada, de roles muy definidos, monógama y patriarcal) su gran bandera en los tiempos actuales. En torno a la familia como "célula básica", siempre a preservar, se han articulado todos los miedos y fobias acerca de las sexualidades no ortodoxas, considerando que estas debilitan los vínculos familiares y, al tiempo, traen inevitablemente consigo todos los males sociales.
Quizás el motivo que más ha encendido la llama de la discordia sea la revisión del mecanismo de asignación de fondos a la Iglesia, mediante transferencias "a cuenta" del IRPF, teniendo carácter de mínimos, siempre se sobrefinancia a la iglesia, muy por encima de lo que determinaría el importe de la casilla del impreso del IRPF. El posible modelo, que el Gobierno no tiene previsto abordar de inmediato, podría establecer que la Iglesia se financie con donaciones voluntarias de los ciudadanos. Se trataría de un sistema similar al alemán. Un impuesto religioso voluntario y adicional, sin una cuantía fija y con destino a las iglesias (católica, protestante, judía o musulmana). El Estado haría en este supuesto de mero recaudador.
La Iglesia recibe actualmente para el pago de sueldos de curas y obispos unos 140 millones de euros del Estado, de los que 105 corresponden a la casilla del IRPF y el resto lo añade el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. El objetivo sería acabar con esta "sobrefinanciación" y adecuar el modelo a la aconfesionalidad del Estado. ¿Se podrá conseguir?
