El próximo lunes empezará a juzgarse en la Ciudad de la Justicia de Castellón el mayor delito ecológico del que jamás se ha tenido noticia en esta provincia. Cinco personas se enfrentarán a ocho años de cárcel por haber vertido en diferentes puntos de nuestra geografía casi 15.000 toneladas de refino de aluminio, altamente tóxico y con derivaciones cancerígenas. Oropesa, Xilxes, Almassora y Vila-real se vieron salpicados por este escándalo medioambiental que tuvo como protagonista a la empresa catalana Intal.
1,4 millones de euros fueron necesarios para limpiar los restos, especialmente la gran cantidad encontrada en el mismísimo corazón del río Millars, donde durante tres años se fueron depositando cientos de camiones con el desecho. Con total impunidad, comenzaron a llegar, uno tras otro, hasta que se dio la voz de alarma. En aquel momento, Mediterráneo destapaba una historia que, aún hoy, no ha escrito su epílogo.
Ha sido necesario que pasarán más de diez años para que cinco personas, presuntos culpables del delito, se sienten en el banquillo de los acusados para ser juzgados por estos hechos: responsables de la empresa Intal, transportistas y propietarios de las parcelas donde se depositaron los vertidos. Para cada uno de ellos el fiscal solicita ocho años de cárcel.
Este proceso llega demasiado tarde, se mire como mire. La justicia ha actuado con una lentitud extrema; pero más vale...
