Por su particular situación geográfica, España tiene planteado el reto de activar políticas avanzadas en cuanto a emigración. La frontera sur de la Península es, en relación con África, el lugar del mundo en el que se da una mayor diferencia de renta. Es decir, estamos en el punto crítico entre la opulencia y la miseria. Los distintos gobiernos españoles han tenido por eso el difícil reto de ordenar unas corrientes migratorias inevitables, pero que han creado problemas sociales que no pueden ser ignorados. Regular la llegada de inmigrantes africanos de forma que se respeten los derechos humanos elementales de quienes huyen de la pobreza y, a la vez, no se creen posteriores crisis en los lugares de acogida exige políticas imaginativas. No vale ni el papeles para todos ni la cerrazón ultra de quienes creen que los inmigrantes vienen para quitar los puestos de trabajo a los autóctonos.
Es por eso una buena noticia que haya descendido (un 62%) el número de inmigrantes africanos indocumentados que llegan a España. Como lo es que el 80% de esos inmigrantes hayan sido repatriados a sus lugares de origen. Políticas de control de fronteras, ayuda humanitaria y formación de jóvenes en origen, como señaló ayer el ministro Jesús Caldera, son el mejor camino para no convertir la inmigración en un polvorín incontrolable. La cooperación con países del África occidental es necesaria, pero España necesita, además, el apoyo decidido de toda la UE.
