El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, ha propuesto --como parte de un amplio paquete de medidas represoras-- la castración química de los delincuentes sexuales, a raíz de un caso de violación de un niño por un expreso reincidente que ya había cumplido condena. Esta decisión ha despertado especial interés en España, porque también se han dado aquí hechos similares. Por castración química se entiende el uso de fármacos para inhibir la testosterona, y se quiere promover para los condenados por agresión sexual que han cumplido condena, tienen un pronóstico de reinserción dudoso y aceptan voluntariamente el tratamiento.
Los expertos, sean juristas o médicos, avisan de que no es una panacea. Para la terapia de salud se necesita la colaboración del paciente, tanto en la administración de las dosis terapéuticas como en su buena disposición a aceptar el tratamiento. Por más que se rebajen los niveles hormonales, si el sujeto no acepta los hechos, quizá no eyacule en cantidad, pero no se eliminará ni la excitación viril ni la penetración --o su intento--, con lo cual, la violencia y la humillación de las eventuales víctimas no quedan en absoluto descartadas. Y jurídicamente, la propuesta del uso de fármacos de este calibre no es sostenible, de entrada, porque comporta una modificación traumática y artificial de la personalidad, que va mucho más allá del sufrimiento de la pena de cárcel. La dignidad de las víctima es lo primero.
