Vaya por delante que este diario defiende y defenderá el derecho de huelga de los trabajadores para defender sus intereses. E incluso el derecho de los autónomos, como es el caso de los transportistas, que decidan parar para reclamar de los poderes públicos que atiendan sus reivindicaciones. Si bien hay especialistas en Derecho laboral que opinan que lo que ha ocurrido estos días es, técnicamente, un cierre patronal o lock out, que nuestra legislación, y la de otros países, no reconoce como legal.

Sea o no lock out, lo cierto es que alguna vía deben tener los autónomos y pequeños empresarios para expresar sus quejas, sea ante el Gobierno, sea ante las grandes corporaciones que les fuerzan a unas condiciones de trabajo ruinosas o inaceptables. Pero una cosa es protestar para hacer notar una queja y otra poner un país patas arriba, obstaculizando el suministro de mercancías imprescindibles para la vida de los ciudadanos, o poniendo en peligro el empleo y los intereses de terceros ajenos al conflicto, que es lo que se ha hecho durante la semana que ahora acaba. Como también resulta inaceptable que bajo la denominación de piquetes informativos actúen unos energúmenos que imponen el paro a quien no quiere parar.

Las pequeñas patronales deberían aprender del movimiento sindical, que sabe de hace tiempo que los paros indefinidos acaban en fracaso: es fácil entrar en ellos, pero muy difícil salir.