La clausura de las cárceles secretas que la CIA posee en diferentes países --Rumanía, Polonia, Tailandia y alguno de Oriente Próximo-- cierra un capítulo bochornoso en la historia reciente de Estados Unidos y restablece el respeto por el derecho nacional e internacional. Desde el momento mismo en que se supo que la Administración del presidente George Bush había tomado el camino de la opacidad y la tortura en las llamadas dependencias negras (black sites), el entorno de la Casa Blanca se esforzó en justificar estas prácticas con argumentaciones pseudojurídicas cargadas de cinismo. Lo cierto es que ni en la tradición legislativa de EEUU ni mucho menos en las convenciones de Ginebra es posible dar con una sola línea que justifique los desmanes a los que ahora se ha puesto fin.
Por las mismas razones, no está en absoluto garantizada la impunidad para quienes aplicaron técnicas duras en los interrogatorios, de acuerdo con la autorización cursada por el Gobierno. Aunque el director de la CIA, Leon Panetta, sostiene que los funcionarios incursos en estas prácticas están libres de responsabilidades porque se atuvieron a las instrucciones de sus superiores, lo cierto es que no son pocas las voces en EEUU que disienten de esta interpretación. Las razones que aportan no son sentimentales, sino que asientan en la idea de que la aplicación de la ley o de las órdenes del presidente no están exentas de responsabilidad cuando violenta el respeto a los seres humanos.
