Es sorprendente que la instauración del copago sanitario en Cataluña haya causado mucho más revuelo en el resto de España que en esta comunidad. Puede que responda a que en realidad los catalanes ya tenían asumida su implantación. Pero también obedece a que en Andalucía y Asturias hay campaña electoral, lo que da ocasión a los partidos políticos a utilizarlo como arma arrojadiza.
El tema de fondo es la sostenibilidad del sistema sanitario público. Desde la década de los 80 los distintos gobiernos, incluido el autonómico catalán, han encargado estudios técnicos sobre cómo abordar el problema. Pero nunca se ha hecho un planteamiento abierto para buscar soluciones consensuadas. Y desde finales de los 90 se han venido reduciendo los precios de los medicamentos. Cabe preguntarse por qué si un ciudadano sigue financiando con sus impuestos la educación pública, aunque ya no tenga hijos en edad escolar, y contribuye a la construcción y el mantenimiento de las carreteras, pese a que no conduzca, en salud es diferente. Pagará más el que más consuma. La respuesta es sencilla: el copago es un peaje moderador; quiere ser disuasorio del consumo tanto de fármacos como de servicios. Solo el tiempo dirá si es un instrumento eficaz,
