Cero euros para la inmigración

Rajoy ha suprimido el Fondo de Acogida y Atención a las Personas Inmigrantes. En 2011, la Generalitat percibió siete millones de euros los cuales, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, se distribuían entre ayuntamientos y mancomunidades. Las ayudas han ido a menos. En 2008 sumaban 22 millones, un alivio para los municipios para financiar los servicios asistenciales a inmigrantes.

El control de los flujos migratorios recae en el Gobierno. España, en los años de bonanza, fue un país receptor de extracomunitarios. Papeles para todos con su correspondiente efecto-llamada. Los inmigrantes han contribuido al desarrollo de España desempeñando trabajos que los propios autóctonos no querían. Con la crisis, la inmigración ha disminuido, pero en la ciudad, porcentualmente, su presencia ha aumentado y se ha asentado en los barrios. Los 38.552 extranjeros censados suponen el 21,4% de la población total de la capital cuando un año antes representaban el 21,3%. En la provincia, el número de foráneos apenas ha descendido de los 112.265 a los 111.402. Prevalece e, incluso, aumenta la necesidad de atenderlos como a los españoles que sufren la crisis y esto compete a comunidades y ayuntamientos.

El problema surge cuando el Gobierno cierra el grifo a estas ayudas e impone nuevas obligaciones. En Castellón, para cumplir el severo Plan de Ajuste que permite acceder al crédito para pagar a sus proveedores, deberán recortar de otros conceptos como las ayudas al Tercer Mundo para garantizar la atención de los que viven aquí. No hay otra opción a no ser que se restituya el citado Fondo al menos para ciudades o provincias como Castellón donde la inmigración es aún importante. H