Querido lector:
Por primera vez veo en Castellón a jueces, fiscales y abogados de acuerdo en algo, que ya es harto difícil ante la cohabitación de intereses contrapuestos entre colectivos tan colegiados y jerarquizados como son los que integran el sistema judicial español. Y eso lo ha conseguido un político conservador pero progre dentro del PP como es Ruiz Gallardón con su ley de tasas que grava los procedimientos de la Justicia ante una comunidad preferentemente conservadora como es la judicial.
Esta nueva disposición, que no ha gustado a nadie, busca financiar la justicia, agilizarla (porque provoca menos actividad) y, pásmense, tiene también el objetivo de garantizar que sea gratuita, según las propias palabras del ministro.
El ciudadano de a pie nunca va a ver con buenos ojos una nueva tasa que le obligue a pagar por un servicio que la Constitución garantiza como igualitaria versus gratuita, ni mucho menos va a entender los argumentos ministeriales cuando dice que le garantiza precisamente esa gratuidad... cobrándola.
Y los estamentos judiciales, tampoco, aunque cada uno por causas específicas, muy colegiadas, por mucho que enarbolen la bandera de la defensa de un derecho ciudadano y universal.
En verdad, la justicia española no era igualitaria porque como decía el presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial, el castellonense Gonzalo Moliner, el que tiene más recursos económicos paga mejores abogados y puede recorrer todos los procesos judiciales, mientras que el que no los tiene, no. Pero es que ahora esa realidad ya adquiere formato de norma. Es decir, oficialmente no es gratuita ni igual para todos. Y para rizar el rizo, además, no tienen ni los formularios de cobro.
