La carencia de una ley marco estatal para garantizar los servicios sociales mínimos y la competencia exclusiva que sobre estos tienen las autonomías dibujan un notorio desequilibrio que da vida a tres Españas. La profunda crisis, visible en las cajas vacías de las administraciones, también ha revelado que el grueso de las partidas sociales tiene que ver directamente con la acción política, y también el alcance de sus recortes. Es decir, que la apuesta social no está exclusivamente vinculada a la riqueza o la disposición de los recursos por una autonomía sino a su interés concreto. En el caso de Navarra y Euskadi, su particular sistema fiscal les ha permitido elaborar una política social que no se ha dejado arrastrar con tanta fuerza como en el resto de España. Está claro que, en este caso, la disponibilidad presupuestaria ha jugado a favor del establecimiento de una política social propia y generosa.
Pero la destrucción del Estado del bienestar, en fin, no tiene la misma prisa en un rincón que en otro de España. Paralelamente al descenso de los ingresos en la caja, los servicios sociales han adquirido una importancia extraordinaria, con un notable incremento de las personas demandantes de ayuda. Y la brecha en el gasto se va agrandado.
