En Castellón coexisten no una, sino dos provincias. El estudio de la Fundación BBVA y el Instituto de Investigaciones Económicas (IVIE) así lo evidencia. Por un lado, el interior, que sufre la amenaza real de la despoblación; por otro el litoral, donde se concentra el grueso de los habitantes. El que el 60% de los municipios de la provincia de Castellón, es decir, 80 de los 135, hayan perdido habitantes en los últimos 18 años refleja un problema real, que, al fin, tras muchos años, las autoridades han comenzado a tomar en consideración e incluir en sus agendas políticas.

Bien es cierto que, en el cómputo global, la provincia sale airosa, con un crecimiento de un 21,6% desde el año 2000, al pasar de 474.385 a 576.898 habitantes. Sin embargo, el litoral sigue siendo el lugar favorito para vivir. Un ejemplo, Orpesa, con un 136%, lidera el crecimiento poblacional en este periodo.

No hay que obviar tampoco que en los últimos años estamos asistiendo a un crecimiento vegetativo negativo, a raíz de que las muertes, debido al envejecimiento de la población, superan a los nacimientos. Solo la inmigración salva, en parte, la situación. Sin embargo, esta está estrechamente vinculada a la evolución de la economía. Y es que quienes han abandonado sus países en busca de una vida mejor acuden allá donde hay oportunidades para poder encontrar un empleo.

Que municipios como Herbés hayan experimentado un descenso del 52% en el número de habitantes, pasando de 103 a 49, es solo un botón de muestra de lo que está pasando en la provincia de Castellón. El interior agoniza lentamente. Y quienes han acuñado el término la Laponia --o la Siberia-- del Sur para describir lo que está pasando en parte del interior castellonense --así como en otros puntos de la España vaciada-- quieren así llamar la atención sobre una realidad. No es un problema de distancias. Es un problema de oportunidades laborales, que no cierren las escuelas rurales, que haya una oferta formativa en los institutos del interior equiparable a la de la costa; que los jóvenes vean posibilidades de desarrollarse profesionalmente y ganarse la vida; que haya médicos en los ambulatorios, transporte de urgencias rápido y servicios de atención y ayuda para los más mayores. Y también de vías de comunicación, como carreteras que permitan desplazarse rápidamente y con seguridad, transporte regular y un internet rápido; incentivos fiscales...

Por fin, los responsables de las instituciones públicas han comenzado a tener en cuenta estas cuestiones, tanto en la Generalitat, con su president, Ximo Puig, al frente, que quiere crear la Agencia Valenciana contra el Despoblament, como en la Diputación. Y hay una voluntad de trabajar conjuntamente, de forma coordinada y con los ayuntamientos para actuar a nivel provincial y autonómico. También se está haciendo a nivel de país, así como de Europa, para que la Comisión Europea sea consciente de la problemática e inyecte fondos para poder desarrollar acciones en este sentido. Es lo que pretende el nuevo presidente del gobierno provincial José Martí y el conseller de Hacienda, Vicent Soler.

Pero no hay que bajar la guardia, para que estas buenas intenciones no sea flor de un día y se queden en papel mojado, sino que fructifiquen, porque es una labor de largo recorrido. Ojalá no sea demasiado tarde.