El servicio que aportan a la sociedad las mujeres trabajadoras de hogar y de cuidados ha quedado evidenciado como un trabajo esencial ante la pandemia.

El movimiento asociativo de mujeres trabajadoras de hogar y de mujeres inmigrantes en España está hoy día indignado y con mucha razón. El martes se supone que se iniciaba el juicio a la mujer que junto con su pareja --hoy fallecido-- violentaba sexualmente a las mujeres de origen migrante que se instalaban en su casa a trabajar en el régimen de interna. La acusada hacía frente a 37 años de prisión, pero el lunes pasado llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de abusos sexuales, trata y explotación de los trabajadores, por lo que se aminoró la pena a nueve años, algo que ha causado estupor e indignación a quienes que trabajan en este sector.

Entre marzo y octubre del 2019 se cometieron los delitos, entre los que se encuentran abuso sexual y explotación laboral. Se trata de siete mujeres migrantes que fueron contratadas para realizar una actividad laboral como empleada de hogar en régimen de interna, con el ofrecimiento de regularizar su situación administrativa en el país, siendo finalmente sometidas a tocamientos y violencia sexual, también violencia psicológica. Todo ello dentro de las cuatro paredes donde las mantenían retenidas, aprovechando su situación de vulnerabilidad, al ser mujeres con cargas familiares, sin red familiar o de amistades y en situación administrativa irregular.

Semi-esclavitud laboral

Es inconcebible que en el siglo XXI aún siga habiendo casos de semi-esclavitud laboral en España, que en este caso se ve mezclada con violencia sexual y que para colmo se pacte reducción de la pena y se indemnice de manera desproporcional a las víctimas. Para la sociedad civil y en especial para el movimiento asociativo de trabajadoras del hogar y los cuidados esto es una injusticia.

Según un estudio de la Plataforma Por ti Mujer de la ciudad de Valencia, en el ámbito del sector de trabajo de hogar y de cuidados, solo una de cada diez mujeres se decide a denunciar por el estigma que significa este tipo de violencia, además de que significaría quedarse sin ingresos para poder mantener a sus hijos e hijas. También Sedoac (Servicio de Empleo Doméstico Activo) se ha manifestado al respecto y ha reivindicado la erradicación de la modalidad del trabajo de interna «porque perpetúa la apropiación de las vidas de las mujeres».

Los acuerdos adquiridos a través de la ratificación del Convenio de Estambul, en el que se define la violencia contra las mujeres como «una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada», están por ser cumplidos.

Como diputada en les Corts me sumo a la indignación de las asociaciones de mujeres y reitero mi compromiso por seguir trabajando en la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de hogar y de cuidados.

Diputada de Unides Podem por Castellón en Les Corts