Por vez primera los Servicios Sociales cuentan con un manual de organización y funcionamiento (MOF), que ha sido impulsado desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
Para la valoración de la pobreza y la desigualdad u otros aspectos que tienen que ver con las necesidades sociales de la población existen variados estudios, dentro de los que destaca el índice DEC, que es el estudio que trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de un sistema, los Servicios Sociales, que como sabemos es un sistema que atiende las necesidades de millones de personas en España.
Esta herramienta, el índice DEC, es elaborada por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y ya en 2013 nos indicaba que había una paralización del sistema lo que, en situaciones de crisis, como la que vivimos ahora a consecuencia del covid-19, significa una regresión en toda regla. En esos años podíamos observar una notable disparidad entre las comunidades autónomas en cuanto a la evolución del mismo sistema. Este tipo de estudios concluye que hay una clara evidencia: que el mayor desarrollo de los servicios sociales es el resultado de formas de organización y gestión eficientes y no sólo de un mayor esfuerzo económico. También concluye que la descentralización y el protagonismo local son determinantes para la eficacia y eficiencia del sistema.
Según la evolución histórica, con normativas autonómicas de 1989, de 1997, el sistema de servicios sociales se caracterizaba por la inexistencia de un sistema coherente lo cual tenía como consecuencia una provisión injusta de los servicios sociales en función de la situación financiera, social y geográfica de cada municipio; la fragmentación del sistema; un modelo preponderantemente asistencial y un despliegue reglamentario que no se reflejaba en documento normativo posterior.
En nuestra autonomía, en los últimos cinco años de gobierno del Botànic, hemos ido avanzando con la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, en la configuración de un marco jurídico de actuaciones de los poderes públicos valencianos en el ámbito de los servicios sociales. Se ha conseguido blindar los servicios sociales, declararlos servicios públicos esenciales y de interés general con el fin de construir el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. El nuevo modelo de servicios sociales generales implementado en la red básica municipal ha pasado de tener 353 profesionales en 2015 a 2.603 en este año.
Desde el Gobierno central la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, anunció hace solamente un par de semanas una dotación de 216 millones para la mejora de los servicios sociales y la protección de la infancia, dentro del plan de fomento de la economía de los cuidados, que tiene por objeto mejorar la asistencia a mayores y dependientes.
El gran esfuerzo y trabajo para recuperar la centralidad de la persona en todo el sistema, con derechos garantizados va dando sus frutos. Seguimos avanzando.
Diputada de Unides Podem por Castellón en Les Corts
